El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, abogó porque la indexación salarial aplicada en beneficio de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral se extienda también a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y al 68 por ciento de los asalariados del país que ganan por debajo de 10 mil pesos.
El dirigente político opositor consideró la medida de elevar los sueldos en las altas cortes como una imprudencia en medio de los escándalos que afectan la imagen de la Justicia Dominicana.
Afirmó que la justicia salarial del Estado debe aplicarse preferencialmente en beneficio de los servidores públicos que no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades más elementales, y recordó, que entre el 2010 y el 2014 la canasta familiar en la República Dominicana pasó de RD$23 mil 398 a RD$27 mil 887 pesos.
El licenciado Abinader dijo que la política salarial del Estado no debe seguir ensanchando la brecha entre una clase privilegiada de funcionarios que devengan sueldos de lujo que superan los niveles de muchos países altamente desarrollados, y la mayoría de los servidores públicos que perciben salarios de miseria, insuficientes para vivir con un mínimo de dignidad.
Indicó que la indexación salarial en el sector público debe tomar en cuenta de manera prioritaria a los miembros de la Policía y de las instituciones castrenses, que tienen la grave responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.
En el caso de la Policía Nacional, cuyos agentes ganan un salario mínimo de 6 mil pesos, reiteró su propuesta de que se establezca un salario base de 23 mil pesos para que puedan cubrir las necesidades esenciales de sus familias sin necesidad de dedicarse a prácticas contrarias a la moral y a las normas que están obligados a cumplir.
El licenciado Abinader emitió sus declaraciones a propósito del anuncio de que los trece jueces del Tribunales Constitucional (TC) y los cinco del Tribunal Superior Electoral (TSE) recibieron un significativo aumento en sus salarios como compensación por la pérdida del poder adquisitivo registrado en el país.
