Por Ramón Ureña Torres
La dirección técnica del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), tras realizar recientes estudios y levantamientos, sobre los altos niveles de contaminación visual y sónica, generados por las actividades de los partidos políticos en los procesos electorales, a través de este trabajo, una vez más, desea externar su preocupación sobre las serias repercusiones, además ofrece los correctivos a ser tomados en torno a esta problemática.
Respecto a lo cual, visualiza la necesidad de un serio cuestionamiento, por entender injustificable, que aquellos que por ley serán los funcionarios electos y que tendrán a su cargo la conducción de los diferentes estamentos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Municipal), sean precisamente los principales generadores, de los mayores niveles de contaminación de la referida naturaleza, que se registran en el país en estos períodos.
Normativas ignoradas:
Sobre el lineamiento que traza, cita que la Ley de Medio Ambiente es muy específica al establecer las normativas propias bajo las cuales se deben regir los y las candidatas, que en su deseo de promocionarse, contaminan sin control todos los rincones de nuestra nación.
Resaltando a la vez, que la Ley 176-07, que rige el funcionamiento de los Ayuntamientos, también establece normativas que tampoco son respetadas por los que precisamente aspiran a convertirse en hacedores y fiscalizadores de las leyes, especialmente, como es el caso de los Legisladores y los (as) Regidores (as) y Alcaldes (as), que deben velar por el ordenamiento de los territorios que pretenden gobernar.
¿Una RD sin control?:
Para el CRD, a pesar de que la Junta Central Electoral (JCE), tiene la autoridad y facultad para hacer cumplir la Ley, le es asombroso, el nivel de tolerancia y permisividad que se exhibe sobre tan perjudicial problema.
Sus cálculos arrojan, que para optar por los más de 4 mil cargos electivos en juego en el país, al menos 5 personas inician la contienda por cada Partido de los llamados “Mayoritarios” para cada posición.
Sacando una media entre los más de 40 partidos grandes y pequeños registrados en la Junta Central Electoral, y teniendo en cuenta que los suplentes a cargos no se promocionan, estima una media de 2 personas por partido, optando para las 4 mil 213 plazas en juego, ecuación que le arroja una alta proporción de ciudadanos y ciudadanas contaminadores en todo el territorio nacional, superando las 300 mil personas.
Como valoración de lo afirmado, invita observar las acciones sin control y planificación, resultantes de las aspiraciones personales y partidarias, engendradas por los cargos electivos en juego, que corresponden a los siguientes: A.- 222 plazas para el Congreso Nacional; b.-158 para Alcaldes e igual número de vicealcaldes; c.- 1,164 plazas para regidores e igual número de suplentes; d.-234 para directores de Distritos Municipales y la misma cantidad de suplentes, así como 746 vocales en estas demarcaciones. Además de las plazas anteriores, hay que sumar 20 diputados al PARLACEN, 7 diputados de Ultramar, y el cargo de presidente y vicepresidente de la República.
Agregando, como factor agravante contemplado en sus estudios, que por lo general, un solo aspirante antes de convertirse en candidato, coloca un promedio de entre 200 y hasta más de 5 mil afiches y pancartas, según la capacidad económica del aspirante, lo que hace, que sea impactado negativamente nuestro medio ambiente, por millones de letreros y afiches, además, por centenares de artefactos emisores de ruidos, que enloquecen y enferman las personas a su paso.
Retiro de la publicidad electoral:
Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), es de gran preocupación, ver como el país se llena proceso tras proceso, de millones de afiches de distintos tamaños que nunca son eliminados, resaltando, que nadie le sorprende encontrarse con carteles de publicidad que fueron colocados en el 2010 y que han resistido al tiempo y siguen aún contaminando, al no retirarlos los que pierden la contienda, pese al estar obligados hacerlo.
Agrega, que aunque las leyes 176-07 y la 64-00 son claras sobre las medidas a ser tomadas, ellas están a espera de las acciones y los niveles de conciencia que implica su necesario cumplimiento.
Medidas que sugiere el CRD:
El organismo de desarrollo, por intermediación de su dirección técnica, estima como alternativa y solución viable, que la JCE actúe, obligando a los partidos a limpiar donde ensuciaron sus candidatos.
En dicho aspecto, asume como acción indispensable del organismo electoral, la realización de un cálculo por provincia, de los costos que conllevan retirar el embadurnamiento realizado por los candidatos y su militancia, con la correspondiente retención de éstos a sus respectivos partidos, hasta que sus inspectores, certifiquen que se procedió a su debido retiro, para así, consagrar un marco que imponga la disciplina, como guía de respeto a la preservación del medioambiente y con ello de la salud de todos los componentes de la sociedad dominicana.
Cometido que complementa su viabilidad, mediante la creación por parte de ella, de las normativas que exige la solución del grave problema, junto a lograr un convenio con los Ayuntamientos, para cubrirles los costos que implica el retiro de propagandas, poniendo los mismos, a cargo de las sumas que les son asignadas del Presupuesto Nacional a nuestras entidades políticas.
Como parte importante de las normativas, propone establecer un plazo 30 días tras concluir el proceso electoral, como término obligatorio para el retiro de las propagandas, en virtud de que en ninguna nación, en la que se respeten medianamente las leyes en esta materia, suceden estas cosas sin las sanciones de lugar.
Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), estas medidas simples y sin atropellos, ayudarán a disciplinar los partidos y sus candidatos, además, que contribuirán a que podamos librarnos de la contaminación que heredamos en cada proceso electoral, así como, se evitara que casi 11 millones de dominicanos y quienes visitan el país, tengan que ver por muchos años un entorno desmejorado, por propagandas de personas que aspiraron ser o que fueron o son autoridades electas.
El autor es: Ingeniero Ramón Ureña Torres, Director Cibao Central del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD); ingeniero experto en asuntos municipales y medio ambiéntales; Teléfono: 809-244-5496; Correo: crdnordeste@yahoo.es, San Francisco de Macorís, República Dominicana.
