Por Marcos José Núñez
En la antigua Roma, mucha antes de convertirse en imperio, cuando era una pequeña república de tribunos y cónsules que gobernaban con fueros y leyes que se cumplían, como parte de la cultura jurídica y de vida de un pueblo celoso de su propia legalidad, el respeto a la letra de la ley y la transparencia era el eje central de su vida en sociedad. Por ello, vemos hoy que Roma, sus leyes y principios jurídicos, son la clave de la larga supervivencia de su legado institucional por los siglos de los siglos.
De esa cultura de legalidad, insuflada por las instituciones políticas que regían al pueblo romano, nacieron los diversos sistemas de derecho que dominan el mundo occidental, todavía en pleno siglo 21.
Es así como del ejercicio del “advocatus” o abogado (el que aboga o defiende), surgieron una serie de principios y máximas jurídicas que aun en el presente, son fuente obligada de orientación para enriquecer el acervo jurídico de sentencias, jurisprudencias, jueces y profesionistas del derecho.
“Fraus Omnia Corrumpit” (El fraude lo corrompe todo), es un principio legal de uso fundamental para todo el que ha estudiado el origen de nuestro sistema jurídico y que por vía de consecuencia, desea de alguna manera demostrar la afectación de un hecho jurídico por la comisión de un fraude o irregularidad.
Pero en qué contexto queremos vincular esa máxima jurídica? Que si un candidato presidencial y Presidente de la República, manipula parcialmente un proceso electoral que ya tenía ganado, altera los procedimientos para el escrutinio a través de terceros y de un árbitro (la JCE), en consecuencia, contamina todo el proceso electoral y no tan solo una parte, por efecto de un fraude que representa una alteración incorrecta, una infracción sobre un hecho jurídico.
Eso es lo que ha pasado en el nivel presidencial electoral. El Presidente Medina pudo ganar el proceso sin ninguna duda pero, al insistir él y su equipo en tener el control del congreso (hay que recordar cuando declaro “quiero mi congreso”) además del afán de superar, avasallar a Leonel Fernández en una fútil competencia de egos, evidencia de forma indirecta que por vía del fraccionamiento del voto probablemente no obtuvo ese supuesto 62%, como nos ha hecho creer su maquinaria mediática.
Aquí no hubo elecciones el 15 de mayo del 2016. Las mal llamadas elecciones fueron un tollo electoral de tal magnitud, que en términos reales dejó un vacío legal constitucional con respecto a una posible celebración de nuevas elecciones ignorándose de cuajo el balotaje; ese mismo vacío ha sido encubierto por la comunidad internacional que reconoce la “victoria” del Presidente Medina y la cual desea (la comunidad internacional) que carguemos solos con el problema haitiano.
Cuál era la necesidad que tenía la estructura electoral del PLD y el organismo de arbitraje electoral parcializado (Junta Central Electoral) de crear y permitir respectivamente, toda clase de irregularidades?
(Los partidos de oposición detectaron 12 modalidades de fraudes debidamente documentadas).
No hay crimen perfecto…
Buscaban encubrir el verdadero resultado…
Está claro que una sola acta electoral alterada en una mesa puede convertir una sospecha en un serio indicio. Y que sucedería si el mismo patrón se presenta en cientos de actas, en por lo menos tres grandes municipios del Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional en los niveles congresional y municipal?
Una victoria que pudo haber sido incuestionable, ahora presenta signos inequívocos de falsificación de la voluntad popular en Mao, Nagua, Montecristi, Bani, San Cristóbal, Monte Plata, San Juan, incluso de aquellos dominicanos que eligieron directamente como opción el partido del Presidente Medina y sus demás candidatos a otros niveles en las diferentes demarcaciones del país.
Todo lo que no se hizo “bona fide” o de buena fe, es un acto o hecho jurídico afectado por una intencionalidad negativa que provoca daños y perjuicios al conjunto social.
Por tanto, es menester que entendamos que el “triunfo” oficialista seriamente cuestionado no necesita ya de ser reconocido por la oposición política; lo que se impone es una lucha popular por el rescate de la institucionalidad, el respeto a la voluntad popular, reestructuración de las altas cortes y aprobación de leyes para el fortalecimiento del sistema electoral; en caso de que las autoridades oficiales no obtemperen a este llamado del pueblo opositor, pues, la consigna y la exigencia debe ser, la celebración de nuevas elecciones con diferentes autoridades electorales.
De lo contrario, Danilo Medina y su cohorte gobernaran mientras vivan… con apoyo de la comunidad internacional!
