Por Guillermo Cifuentes
“Entre todas las virtudes del político, quizá la más importante es la de saber interpretar las derrotas”. Carlos Peña
Cuando esta nota se publique estaremos llegando al final del capítulo JCE y no estarán todavía elegidos por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes de una lista contenida en el “informe al Pleno con las propuestas definitivas” elaborada por una comisión cuyos trabajos se iniciaron a propuesta del Presidente del Senado.
Ya hace varias semanas decíamos que nos resultaban extrañas algunas iniciativas “institucionales” puesto que sus reivindicaciones eran a todas luces atentatorias a la institucionalidad que decían defender.
Hoy podemos afirmar que si los rumores y los artículos dominicales se confirman se habrá consumado una nueva joyita institucional, luego de un bien orquestado asalto a la institucionalidad.
Mire usted, primero les dieron como en la guerra a los senadores que siguen siendo los únicos responsables de la elección de los integrantes de la nueva Junta. Nadie podía imaginar que los senadores tomarían su decisión en un retiro, sin consultarlo, eso es definitivamente desconocer como funciona el sistema político dominicano, “la forma de gobierno del Estado, la organización de los poderes públicos y sus interrelaciones, las estructuras socioeconómicas, la cultura política (las tradiciones, las costumbres) y las fuerzas políticas que impulsan el funcionamiento de las instituciones.”
La decisión de los senadores será producto del consenso (“Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”) queda de tarea que adivinen el lugar y los protagonistas de tal acuerdo.
A los políticos y políticas lo más atento que les dijeron fue que “la política era algo demasiado serio para que fuera responsabilidad de ellos”. Y todo con el pretexto de que se hacía para avanzar en materia institucional. Ese avance solo podría ser concretado si los elegidos por el senado estuvieran entre los 218 nombres que postularon y fueron seleccionados y entrevistados por la comisión nombrada de acuerdo al mandato del reglamento del Senado.
Ese respeto a los procedimientos, esa posibilidad de predicción es lo que llamamos institucionalidad. De aparecer otros nombres que no forman parte de esa lista publicitada y defendida a capa y espada por los miembros de la comisión senatorial, el dolo quedará en evidencia y no quedará más que esperar la fuerte condena de la FINJUS a tamaño despropósito, o de PC que sigue instalando en el gobierno funcionarios con mejor suerte que el PRD. Valdría también esperar el rugido de los empresarios si es que todo esto no concluye con la eliminación del 50% del ITBIS en la aduana.
Pero… ¿y los partidos?, instituciones fundamentales de la democracia, reunidos con el fin de lograr que se cumpla lo establecido por el reglamento del Senado respecto de “garantizar la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la Junta Central Electoral.” Seguro que estarán dándose cuenta ahora que buena parte de este desenlace se lo deben ellos mismos a su ceguera: cuando no se asumen las funciones con responsabilidad y dignidad las decisiones las toman otros fuera de la institucionalidad. Queda la posibilidad de que el ‘líder’ fuera consultado, pero como lo denunciamos hace semanas, él no respondería como líder, lo haría como empresario.
Para quienes aspiran a la democracia, a que las instituciones funcionen, parece llegada la hora de que se pregunten cuál es la vía para aproximarse a ese objetivo. En todos los procesos de democratización han sido los partidos los que han tenido una importancia fundamental cuya legitimidad se soporta en elecciones libres y competitivas. De no asumir ese rol, las decisiones se seguirán tomando entre señores y monseñores, con el aplauso irritante de los “vendedores de ideas de segunda mano”.
Se puede apreciar que los partidos tradicionales -sin importar si están en el gobierno o en la oposición- no han hecho todavía una nueva lectura de la realidad política que insinúe un cambio: o administran o solo aspiran a administrar. Lo de los opositores ha sido de película: nadie los engañó, ellos se negaron primero y se postraron después. Hay incluso un partido que está por sancionar a quienes postularon a la JCE… y ¿entonces?
Para la galería por lo menos sería útil que camino del colapso a alguien se le ocurra cambiar hasta el destinatario de la correspondencia. Es hora de asumir que la función de “mediación” la deben cumplir los partidos y no cederla, pues si lo siguen haciendo seguirán entregando «todos los poderes» a quienes sin ningún pudor aspiran a controlarlos todos. Y los poderes fácticos que desde 1961 son en realidad los que mandan, han impedido la democracia haciendo gárgaras con la participación.
Los partidos políticos, si se deciden a cumplir con sus funciones institucionales en el sistema democrático, deberán cambiar el destinatario de su correspondencia: escríbanle al pueblo, es posible que todavía les conteste.
