Por Nelly Amador
Porque sienta un mal precedente la condena a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) seccional de Barahona, supuestamente por haber violado los derechos de los niños, cuando se dejó de impartir docencia en los días del proceso de lucha previo al acuerdo con las autoridades de educación.
No debemos dejar pasar sin analizar profundamente, pues el juez se basa en el Código del Menor y en la Constitución de República. Pero los maestros también tienen derecho en base a esa misma constitución, que les da derecho a huelga y a la lucha, como lo consagra también la Ley de Educación 66-97. Por tales razones creemos que debería buscarse el equilibrio entre estas leyes sin enfrentar a los padres con los maestros, pues a la larga se perjudica a los alumnos.
Además, este conflicto quien debió dirimirlo eran los padres y madres con el Ministerio de Educación, y éste último encausarlo a través del Ministerio de Trabajo, a quien corresponde y compete discutir los asuntos laborales.
La vía que se tomó es dañina y sienta un mal precedente, por lo que la Asociación Dominicana de Profesores, debe constituir una barra de abogados que analicen la Constitución de la República, el Código del Menor, la Ley de Educación y el Estatuto del Docente y encontrar ahí los argumentos suficientes para rechazar y enfrentar esa sentencia que a la larga aleja a los maestros y maestras de los padres, cuando por el contrario las autoridades deben ocuparse por acercar a estos sectores en beneficio de los estudiantes, analizando incluso qué reclamaban los maestros, que no solamente era un asunto salarial, sino reivindicaciones que iban en beneficio de toda la comunidad educativa.
Creemos que ADP debe reflexionar sobre sus métodos de lucha, pues nunca debemos cansarnos de reclamar, pero no dar oportunidad a personeros que aprovechan para hacerle daño al sindicato, que en última instancia es a quien siempre tienen en la mira.
La autora es Educadora y fundadora de la ADP
