Por Washington Cabello
(PUERTO AYACUCHO, Venezuela; AFP).- Cientos de familiares apostados en el frente del Hospital central José Gregorio Hernandez, de Puerto Ayacucho para recibir los restos de los 37 presos masacrados en la cárcel de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela, rogaron piedad en la entrega de los cadáveres.
«¡Por favor, tengan piedad!», rogó Lauche Fernández, familiar de una de las victimas que murieron durante un «motín» en el centro de detención.
«Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos», pidió Fernández, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local, según videos cedidos a la AFP.
Al final de la tarde, el cementerio municipal estaba lleno de fosas abiertas: solo se había enterrado a uno de los presos, aunque la orden fue sepultarlos inmediatamente. Los familiares todavía esperaban.
El panorama en el cementerio era desolador. La madre de uno de los reclusos agradeció que al menos su hijo «estaba completo y no destrozado, como otros», confesó a la AFP.
Los calabozos y los centros de prisión preventiva, controlados por autoridades municipales y el Ministerio de Interior, mantienen los números más altos de hacinamiento, violencia, armas, y drogas controladas por los propios reclusos, gracias a la corrupción de los funcionarios policiales.
El motín ocurrido en los calabozos del centro judicial de Amazonas, región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, dejó 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de gravedad, confirmó el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.
La ilegitima Asamblea Constituyente designó una comisión, presidida por la asambleísta Iris Varela, ex-ministra de Servicios Penitenciarios, para investigar lo ocurrido. El Parlamento de mayoría opositora también lo hará.
Reverol, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como «responsable directo».
«Es un retén que está bajo la custodia de la gobernación», expresó, pidiendo investigar a Guarulla por «inacción» pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de 103 presos.
El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.
Jackson Sanz, padre de un fallecido, pidió al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno «dar la cara por esta masacre».
El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, fue el primero en denunciar las muertes, y aseguró que la “masacre” ocurrió por la actuación de una Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz que intentó tomar “por la fuerza” el retén.
Guarulla, dijo a la AFP que desde «hace tres meses y medio» la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión tras la denuncia de un posible ataque de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Se presumía que algunos de estos reclusos podían estar armados y por eso se solicitó la requisa (…) Fue una tragedia, de 103 reclusos, 40% fueron eliminados», afirmó.
Fuerzas especiales del Ministerio de Interior, intervinieron y tomaron el centro de reclusión «de manera desmedida porque usaron granadas y armas sofisticadas, y el resultado es una verdadera masacre», añadió el gobernador.
«Lo que no hizo la guerrilla lo hizo el gobierno», manifestó Guarulla, quien difundió en Twitter fotos de cadáveres apilados.
Pero, según Reverol, los efectivos que realizaron la requisa fueron recibidos por los internos «con armas largas y granadas», una veintena de las cuales estallaron durante los enfrentamientos.
Sin dar cifras, el ministro reportó que algunos de los 37 fallecidos «fueron ajusticiados por un pran» -líder de presos-, que «tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas».
Agregó que otros murieron «producto de la onda expansiva y las esquirlas de las granadas» o por la acción de los agentes de seguridad, que según él respetaron el principio de «uso progresivo y diferenciado de la fuerza».
Guarulla asegura que un preso aprovechó el caos para fugarse.
Tras lo ocurrido, el centro de detención de Amazonas fue clausurado y, según Reverol, será rehabilitado en un plan puesto en marcha por el gobierno en julio de 2011 para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales.
Veintisiete reclusos, todos condenados según Reverol, fueron trasladados a otros centros fuera de la región y el resto a calabozos policiales.
Hay unas 50 cárceles en Venezuela, de las cuales 98% funcionan bajo el nuevo régimen.
Carlos Nieto, de la ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad, sostiene que el proyecto no ha avanzado según lo prometido. «Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra», declaró a AFP.
Esa organización estima en 88,000 los presos en Venezuela, sobrepasando la capacidad de las cárceles, que es de 35,000.
Por falta de espacio en los penales y retrasos procesales, unas 33,000 personas están recluidas en centros de detención preventiva, como el de Amazonas. Nieto precisó que la sobre-población en esos establecimientos supera el 400%.
El sistema penitenciario de Venezuela ha sido por años uno de los más violentos de América Latina.
Venezuela, el tercer país con la menor población reclusa de la región, tiene un promedio de 166 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido por años uno de los más violentos de América Latina.
El Gobierno chavista ha implementado un plan de pacificación de las cárceles del país que dirigen el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que ha implantado un régimen militarizado en más de la mitad de las cárceles del país, pero que aún no ha logrado desarticular las más violentas.
El suceso reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.
El pasado 26 de abril, un choque entre bandas rivales dejó 12 muertos y 11 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en la ciudad de Barcelona (este).
Un mes antes fueron hallados los restos de 14 personas en una fosa común en la clausurada Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros (centro). En vídeos publicados en redes sociales sobre ese suceso, detenidos y familiares denunciaban falta de comida y de tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis, lo que habría causado una decena de muertes.
Desde julio de 2011, el gobierno puso en marcha un plan para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales. Hay unas 50 cárceles en el país, de las cuales 98 por ciento funcionan bajo el nuevo régimen.
