Por Mario Holguín
Ámbito Global
Los resultados anuales de fatalidades en carreteras según los estudios más recientes, pintan un panorama desconsolador.
De no producirse un cambio en las políticas de los países de medianos y bajos ingresos, de 1.3 millones de víctimas mortales que se registran actualmente, para el 2020 la cifra ascendería a alrededor de un millón 900 mil, pese al esfuerzo de las naciones desarrolladas.
Un promedio anual de 35 millones de lesionados registrados mundialmente por la misma causa, se convierte en uno de los componentes más devastadores de las economías nacionales; una barrera de contención para el desarrollo y bienestar de las comunidades.
Ámbito Regional
Latinoamérica y el Caribe presentan estadísticas lamentables en materia de accidentalidad en la circulación.
Más de 140 mil víctimas fatales en la red viaria de nuestros países se suman a un número muy superior al millón 300 mil heridos, lo suficiente para llamar a preocupación a los gobiernos y al sector salud, al sector de medio ambiente, al sistema de autoridad imperante y al sistema educativo.
Ámbito Nacional
La cifra de defunciones in situ durante el 2014 durante el desplazamiento de personas en la República Dominicana alcanzó 1855 en el sub registro de la Autoridad Metropolitana de Transporte.
De acuerdo a nuestras estimaciones con un 95% de incertidumbre en los datos, este valor contando los decesos después de las tragedias hasta un plazo de 30 días, rondaría los 3,896 muertos, 1.96% menos que el año anterior.
Si la tasa de mortalidad promedio en el Hemisferio de Las Américas está aproximadamente en 16 óbitos/100,000 personas, en la República Dominicana estamos compelido a hacer una revisión urgente en las políticas de seguridad vial, ya que estimamos en el 2014 una tasa de 39.4, aún se considere una reducción respecto al 2013 de 3.3 muertes por cada cien mil pobladores, al producirse según nuestros cálculos 10,192 siniestralidades y 12,690 personas lesionadas. Este último componente con un 53.1% de aumento respecto al año anterior.
Sugerencias
Ante el panorama descrito referido a República Dominicana es obvio que se carece de políticas eficientes a los fines de reducir las siniestralidades en la movilidad humana.
Pese a los esfuerzos de implantación de un nuevo Sistema Integrado de Emergencias, será más para atender a las víctimas generadas en las vías terrestres, no para prevenir que estas ocurran.
Por los niveles de los indicadores, es necesaria y pertinentemente razonable la intervención del Estado dominicano asumiendo los compromisos que el caso amerita.
Declarar la Seguridad Vial en Emergencia resulta una medida atinada para que los partidos políticos incluyan en la agenda nacional el tema, hasta lograr llevarlo a la Agenda Nacional de Desarrollo.
Creando asimismo, las instancias que respondan a funciones idóneas, objetivos claros, liderazgo y recursos financieros, tecnológicos y humanos suficientes y sostenidos.
Cada día la inseguridad vial se convierte en un verdadero problema, que como bola de nieve crece desmesuradamente ante la indiferencia y el descrédito. De ahí, que las estadísticas reflejen una carencia de planes y una alta vulnerabilidad en el sistema de autoridad y en las legislaciones vigentes.
