Por Sin Reservas
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), manifestó su oposición a la aprobación por parte del Congreso Nacional, de modificaciones a la Ley 28-01 y pidió a la Cámara de Diputados, desestimar proyecto.
El régimen de la Ley 28-01 actual genera distorsiones y ventajas que sitúan al sector productivo de la República Dominicana, en franca desventaja frente a las empresas instaladas y por instalar en otras áreas del territorio nacional.
La semana pasada la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, emitió un informe en que favorece el proyecto de Ley que modifica la Ley 28-01, no sólo ratificando aspectos onerosos de dicha ley, sino ampliando ventajas sobre el resto de las empresas del país.
La vicepresidente ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar, pidió a la Cámara de Diputados desestimar dicho informe. “Se ha procedido sin haber recibido observaciones de las autoridades recaudadoras y sin haber medido el impacto fiscal como establece la Constitución y las leyes especiales”, expresó.
Explicó que actualmente diversas economías están evaluando formas de incentivar la producción nacional efectivas y menos distorsionantes que la Ley 28-01, focalizadas al tipo de producción que se quiere incentivar y a la generación de empleos.
Las empresas que están acogidas actualmente a dicho régimen tienen más del 70% de sus empleados fuera de la zona fronteriza.
Almánzar, criticó el hecho de que no se han tomado en cuenta los planteamientos de diversos sectores productivos de la nación. Además, afirmó que no se han evaluado los beneficios y daños que tendría aprobar tal proyecto y no se han tomado en cuenta los daños ya causados por la aplicación de la Ley 28-01.
La aplicación de la Ley 28-01, no ha logrado disminuir la pobreza y la desigualdad en la zona fronteriza, ha mermado los ingresos del Estado y ha permitido que algunas empresas se aprovechen de un paraíso fiscal para competir deslealmente con industrias similares ubicadas en otras zonas.
En el Proyecto de Modificación se propone que las empresas acogidas a esta ley actualmente y las que se acojan en el futuro disfrutarán de exenciones de un cien por ciento del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto durante un período de 20 años.
Se les otorga, además, la exención de un cincuenta por ciento en el pago del derecho de circulación por las vías sujetas a control y uso de puertos y aeropuertos; exoneración del impuesto de transferencia inmobiliaria en los terrenos en donde se desarrollará el proyecto calificado y la exoneración del veinticinco por ciento del impuesto de combustible diésel y todo tipo de energía alternativa y renovable, utilizados en los procesos de fabricación u operación del proyecto calificado.
Además, da la posibilidad a las empresas actualmente instaladas de acogerse por un nuevo período de hasta 20 años a todas estas exenciones.
“Un incentivo tiene una razón de ser y no puede hacerse cuando no exista una diferencia real entre las empresas y zonas del país”, señaló Almánzar al referirse a las distancias en la geografía nacional.
