Por Sin Reservas
Varias instituciones se han pronunciado contra la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), quien alegando que «ha aumentado la esperanza de vida de los dominicanos» propene aumentar de 60 a 65 años la edad de retiro laboral y subir el ahorro de 9.97 % del salario del trabajador a 14 % y la disminución de comisiones.
Todos coinciden en que el aumento de la edad de retiro y del ahorro y la disminución de comisiones no resuelven el problema de las bajas pensiones.
La Asociación Nacional de Enfermería, dijo que se trata de un cartel financiero de la República Dominicana que busca arrebatar los derechos de la clase trabajadora, olvidando su rol regulador como un garante imparcial.
Llamaron a la unidad de la clase trabajadora y anunciaron un plan de lucha para desligarse de las Administradoras de Fondos de Pensiones por considerar que las mismas quieren convertirse en un poder financiero.
Mientras que varios congresistas se muestran opuestos a que se aumente de un 9.97 % a un 14 % el porcentaje de aportación que se le descuenta a los empleados.
La Superintendencia dijo que es el momento oportuno para tomar medidas que garanticen mejores prestaciones para los trabajadores, pero para los congresistas lo que se debe es reformar la Ley que regula la materia.
La Ley sobre Seguridad Social, aprobada en el año 2001 no beneficia a los trabajadores.
Asimismo los técnicos Matías Bosch y Airon Fernández, de la Fundación Juan Bosch, rechazan la propuesta de la Sipen, al tiempo de resaltar que esa medida aprobada en Chile, no ha dado resultado y las tasas de reemplazo son bajas.
«Se trata de una reforma de carácter “paramétrico”, manteniendo los principios del modelo chileno de una administración privatizada de los fondos, capitalización individual, y cero garantías legales de una tasa de reemplazo o un ingreso de protección social básico de acuerdo el costo de la vida», argumentan los técnicos.
Explican que en Chile, donde la edad de retiro es alta (67 años para mujeres y 68 para hombres) y las comisiones son bajas, sin embargo las pensiones «son miserables, con una tasa de reemplazo bajísima».
En cuanto al incremento del ahorro, afirman que no se corresponde con la realidad salarial del país, además los fondos de pensiones no se están invirtiendo en sectores productivos.
«Si esto es así en un país donde el sistema es maduro (a casi 40 años de funcionamiento), con una economía más grande y mayor PIB per cápita, mejores salarios, más formalidad, más institucionalidad y regulaciones, no se puede esperar absolutamente nada diferente en el caso dominicano», expresan.
Destacan que solo hay que ver la tasa de reemplazo dominicana (22.8 %) proyectada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la peor de América Latina y la de Chile (41 %) mucho más baja que países similares e incluso que otros con economías más pequeñas.
En cuanto a la disminución de la comisión anual que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de un 25 % a un 15 %, «disminuiría el grado de despojo parasitario que estas empresas financieras cometen, pero apenas atenúa el problema de fondo».
«Aumentar el aporte de los empleadores, sería terriblemente injusto hacerlo bajo el modelo actual en el cual las AFP invierten y ganan poniendo el dinero de los dominicanos en deuda pública (76 %) y en préstamos bancarios (15 %) y sólo seis empresas participan del pastel y sólo un 4 % de toda la inversión se coloca en ellas», expresan Bosch y Fernández.
«¿Con qué derecho pedir a los empleadores, en un 97 % micro, pequeños y medianos empresarios, aportar más dinero a esta piñata financiera que no aporta nada a la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo?».
Expresan que en un país con altos niveles de pobreza y de bajos salarios es injustificable la transferencia de recursos de los trabajadores y empleadores al sector financiero mediante un lucro sin esfuerzos productivo.
