Por Washington Cabello
En una tardía preocupación por sus gentes o por ellos (el gobierno), anunciaron que pondrán en marcha un programa de documentación y de identificación de los deportados, cuando no es a los invasores ilegales a los que deben de documentar es a todos los ciudadanos de ese país.
El anuncio fue hecho por el primer ministro de Haití, Evans Paul, quien solicitó a los representantes de las organizaciones internacionales el apoyar la petición del gobierno haitiano que exige a República Dominicana respetar los convenios internacionales relacionados con el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos que serán deportados desde República Dominicana.
Acompañado de los miembros del Comité Mixto de Solidaridad Nacional, creado recientemente para dar respuesta a las deportaciones, solicitó al Gobierno Dominicano que el flujo de los deportados se realice a través de dos puntos de entradas, uno a través de Malpaso (Malpasse) y otro a través de Juana Méndez (Ouanaminthe), y solicitó sean definidos el itinerario en que se realizarán las deportaciones, suministrando los nombres y perfiles de los afectados y el itinerario de las víctimas de esta operación migratoria discriminatoria.
Estos realizaron una reunión, en la que participaron representantes de las organizaciones internacionales, «a fin de presentar la posición del Gobierno de Haití en la decisión de República Dominicana de privar de su nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana y de deportarlos hacia Haití».
Este Comité está conformado por el primer ministro, Evans Paul; el cardenal Chibly Langlois; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Chibly Langlois; el ministro del Interior y de los Entes Territoriales, Ariel Henry; el ministro de los Haitianos que viven en el Extranjero, Robert Labrousse; el ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Víctor Benoit; Gedeón Jean, Gregory Brandt, Christopher Handal, Hérold Jean-Francois y Géralda Sainville.
El Gobierno Haitiano dispuso que desde ayer sean llevados convoyes de ayuda humanitaria, destinados a las personas más afectadas por lo que entienden es un «acto de violación de los derechos humanos» y tiene la intención de asistir también a las personas con las vulnerabilidades específicas. También anunciaron que pondrán en marcha un programa de documentación y de identificación de los deportados, con el fin de buscar la solución a la problemática de los migrantes y de las personas en situación de apatrida.
