Por Sin Reservas
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) manifestó su solidaridad con el periodista Pedro Alberto Hernández, quien denunció haber sido vejado y amenazado de muerte por miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte (Digesett-AMET), al momento de ser retenido, cuando transitaba por la avenida Jacobo Majluta, junto a su familia el pasado 23 de noviembre a la 8:40 de la noche.
La presidente del CDP, Mercedes Castillo, dijo que de acuerdo a lo denunciado por Hernández, al gremio, que al ser intersectado por los agentes portando armas largas en una zona oscura de la referida vía, respondiendo a las órdenes de la teniente coronel Isabelita de los Santos Pérez, jefe de la Digesett en Villa Mella, se le exigía sus documentos bajo amenaza de muerte junto a su esposa y una hija de 10 años de edad.
Castillo, declaró que las versiones ofrecidas por el comunicador dan cuenta de que los agentes lo incriminaron con sus armas largas y ni siquiera le permitieron parquearse a la derecha, y que bajo esa circunstancia, se rehusó a entregar sus documentos, los que más luego mostró a otros oficiales presentes en la escena, que estaban al día.
Asimismo, indicó de acuerdo a la denuncia del periodista Hernández, que la oficial de los Santos Pérez, ejerció una acción violenta, corroborada con amenaza de muerte por otros subalternos que han generado traumas psicológicos a su esposa e hija, quienes reciben en la actualidad ayuda sicológica.
El Colegio Dominicano de Periodistas se solidariza y condena enérgicamente el hecho cometido contra el periodista Pedro Alberto Hernández y su familia, como el de retenerlo por cuatro horas y media sobre una grúa, sin saber por qué y abandonarlo a la una de la madrugada en el parqueo de vehículos conocido como el Canódromo, que posee la Digesett en la avenida República de Colombia, lo que consideramos una acción desmedida y abusivo.
Finalmente, nuestra institución hace un llamado al director general de la Digesett, general Ernesto Rodríguez García, a que se detenga éste tipo de acciones que ejercen algunos de sus agentes en contra de ciudadanos, y en este caso, a uno de nuestros miembros, en busca de hacer cumplir la Ley 63-17 de tránsito en el país.
