Por Claudio Acosta
Es de cajón que cuando se quiere saber quién cometió un crimen, lo primero que se pregunta es a quién beneficia, para luego indagar si ese beneficiario tuvo la oportunidad de cometerlo y, sobre todo, si cuenta con los medios materiales para hacerlo.
Es por eso que desde el mismo día que el país se enteró de que las elecciones municipales fueron suspendidas debido a un fallo masivo del voto automatizado se empezó a señalar a los posibles responsables del evidente sabotaje, por lo que cada quien señaló al que consideraba su principal beneficiario, es decir el principal sospechoso.
Como era de esperarse, la mayoría apuntó hacia el gobierno, el dedo malo al que en estos tiempos se le pega todo, que además de beneficiarse de la suspensión de un proceso electoral que, según se dice, no le favorecería, tiene también los medios y la oportunidad para cometerlo por tener el control del Estado y el Presupuesto Nacional.
Pero el Gobierno no solo reúne todas las características que lo convierten en el “sospechoso perfecto”, como ya se vio, sino que también insiste, por voluntad propia, en comportarse como tal.
Precisamente lo que acaba de hacer con la aparatosa detención de un empleado de Claro y un coronel de la Policía Nacional, asignado a la escolta del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, a los que en lugar de tratar como testigos en capacidad de aportar información que permita apresar a los responsables del sabotaje, lo que reclama a gritos la sociedad dominicana, pretenden incriminar de manera torpe y atropellante.
Y eso irritará aun más a una población que necesita prontas respuestas para que la indignación que, poco a poco, va soliviantando los ánimos y calentando las cabezas, no lo saque todo de control.
