Por Sin Reservas
La empresa Ecocisa, dedicada a muchos negocios, pero especialmente al de construcción, ha sido la beneficiada con un contrato para suplir materiales protectores que eviten el contagio por el Covid-19 o coronavirus.
El país se encuentra sorprendido no solo por quien ha «ganado», un supuesto concurso, sino porque guarda relación con el Grupo Asimra SRL, empresa envuelta en la denuncia del periodista Marino Zapete.
La denuncia ahora ha sido circulada por varias personas en las redes de Internet, entre ellas el abogado Vinicio Castillo, la periodista Altagracia Salazar, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre muchos otros.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, públicó que el gobierno hasta cuadruplicó los precios, e hizo una comparación con una farmacia, veamos:
En Farmacia Carol, una mascarilla N95 cuesta $RD254; el gobierno las contrato con sus suplidores hasta a RD$1,000 (4 veces más caras). ¿? pic.twitter.com/VpYRkYuZI6
— Jose Paliza (@JosePaliza) April 3, 2020
Altagracia Salazar, escribió: «La empresa que ganó el concurso para suministrar 1,500 millones en equipos para el Covid 19 es del consorcio Ecocisa que a su vez es propiedad de Johnny Cabrera que por casualidad es presidente del grupo ASIMRA la misma del contrato del asfalto que firmó Maybeth Rodríguez y GC».
Salazar, colocó la información en Twitter, como podemos observar a continuación:
La empresa que ganó el concurso para suministrar 1500 millones en equipos para el Covid 19 es del consorcio Ecocisa que a su vez es propiedad de Johnny Cabrera que por casualidad es presidente del grupo ASIMRA la misma del contrato del asfalto que firmó Maybeth Rodríguez y GC
— Altagracia Salazar (@altagraciasa) April 2, 2020
Más adelante la periodista colocó una asombrosa relación de precios, veamos:
Cómo se puede dormir sabiendo que un robo cuesta la vida de otras personas… pic.twitter.com/c6wNdnFglX
— Altagracia Salazar (@altagraciasa) April 3, 2020
Guido Gómez Mazara pidió aclaración sobre contrato a Ecocisa por parte de Obras Públicas
Aunque algunos han señalado que la empresa lleva pocos meses de creada, nos parece que no es así, ya que este nombre salió a relucir, cuando el dirigente político Guido Gómez Mazara, exigió del ministro de Obras Públicas (MOPC), Gonzalo Castillo, aclarar todo el proceso de la licitación No. CCC-LPN-2019-008, en la que a la constructora Equipos y Construcciones del Cibao (Ecocisa) se le asignó toda la fase de diseño y construcción de la circunvalación de Baní, por un monto de RD$ 2,199,326,653.73.
Gómez Mazara, calificó de alarmante, que existiendo un contrato previo, el titular de esos derechos sea sustituido, existiendo un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) interpuesto contra la Resolución 175-2017, dada por el Ministerio de Hacienda.
Afirmó que esto genera la sensación de intereses «nebulosos», decididos a imponer un beneficiario con públicas vinculaciones políticas y arquitecto de saltos y cambios de activista de organizaciones opositoras, entusiasmado repentinamente con la causa oficialista.
«La Dirección de Contrataciones Públicas, estableció en su Resolución 82-2014 un precedente que debió respetar Obras Públicas, antes de favorecer a Ecocisa, de «cuando una obra no cuenta previamente con el diseño definitivo, y la institución contratante solo presenta el diseño conceptual, deja a la administración en un estado de indefensión, y por vía de consecuencia, a esa falta se suman las 25 observaciones establecidas por los técnicos que institucionalmente cuestionaron una oferta que, extrañamente, terminó en manos de una empresa constructora con «singular» suerte durante los últimos años», relató
Declaró que así como se le favoreció en el caso de la circunvalación de Baní, esa empresa tuvo la gracia de obtener una parte importante de la carretera Navarrete-Puerto Plata.
Guido Gómez Mazara expresó que no es posible que las relaciones con el poder sigan constituyéndose en la fuente de favoritismos que tanto daña la institucionalidad.
Recordó que el Artículo 262 y siguientes del Código Penal Dominicano, habilita a toda persona que conozca de un hecho ilegal a ponerlo en conocimiento de las autoridades, y la Ley 821 en su Artículo 57, establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones.
Desconocemos si esta empresa, es exactamente la misma involucrada en el negocio del Covid-19 o coronavirus.
También Ecocisa, «gano» licitación del Ministerio de Turismo, para los trabajos de rehubicacion de los vendedores de Playa Macao, a cargo de Julio Bonelly.
