Por Sin Reservas
La mayoría de los votantes fue a las urnas a echar su voto en contra de la impunidad, que era la niña preferida del gobierno de Danilo Medina, con su muchachita de mandado Jean Alain Rodríguez, en la dirección como Procurador General de la República.
Ahora el 99 por ciento de la ciudadanía ha aplaudido la decisión de la Procuraduría General de la de la República, de solicitar formalmente a la Fiscalía del Distrito Nacional, desapoderarse y enviar a ese despacho los expedientes de corrupción que estaban a cargo.
La Procuraduría General actúa por una avocación que se ampara en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 133-11, del 7 de junio del año 2011, la cual en su artículo 30, inciso 10, le otorga al incumbente de la Procuraduría General de la de la República la atribución de asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público.
«Los casos habían sido remitidos a esa instancia de manera segmentada y sin criterio definido», refirió la Procuradora. Agregando que «las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara, al tiempo de explicar que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros y objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza, para que haya un procedimiento estandarizado», dijo Miriam Germán Brito.
Refiere además, Germán Brito, que el Ministerio Público toma todas las medidas necesarias con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana que es:
«Perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción. Y no como hasta el momento, que se han investigado y procesado siguiendo acciones aisladas».
Pensamos que, como todo el que tiene uso de razón, la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, se habrá dado cuenta de que la fiscal Rosalba Ramos, trató de cogernos de pendejos, cuando tras perder su «Mafia Morada» y ya con el Presidente Luis Abinader, en el poder, cita a la exdirectora del Inaipi, Berlinesa Franco.
La Procuraduría General asumió la investigación, yá los expedientes están en su poder. «Es parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito», ha dicho.
Entre los expedientes están los siguientes:
Denuncias del abogado Guido Gómez Mazara
De fechas 20 junio y 14 de julio del presente año, contra Ricardo Andrés Castillo Terrero, el flamante coronel hermano de Gonzalo Castillo, que cometió muchas fechorías en el gobierno pasado, y que ahora ascendido a general, piensa que eso lo exhime de culpa. Guido lo acusa de violar la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones del Estado.
De fechas 12 y 25 de mayo y 26 junio y 14 de julio del presente año, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group, por enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340, sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Denuncia de corrupción contra el Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezada por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Denuncia del Movimiento Somos Pueblo, contra José del Castillo, por violación a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
Denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) por violación a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
Denuncia contra la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), encabezada por Manuel Rivas Medina y compartes.
Así pues, que felicitamos a Doña Miriam Germán Brito, por tan mesurada decisión.
En hora buena… Las futuras generaciones se lo agradecerán…!!!
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