Por Sin Reservas
La Alianza Por la Democracia (APD), exigió que la empresa Glencore, que recientemente vendió el 100% de sus acciones en Falcondo a la Americano Nickel Limited, antes de marcharse del país haga el trabajo de cierre de mina de los frentes minados en Bonao, o cubra el costo total de estos trabajos.
Max Puig, presidente de la organización política, explicó que es la empresa Glencore y no la que recién adquiriente, la que tiene la obligación contractual ante el Estado dominicano del cierre de mina de los frentes minados, labor que debió haber realizado en la medida que agotaba la extracción del mineral en esos frentes.
Señaló que por negligencia de las autoridades, que han mantenido una actitud complaciente con las mineras desde la década de los años noventa, Falcondo no ha realizado cierre de mina en Loma Peguera, en el área de Maimón, en Jayaco, ni en Caribe.
La Ley Minera vigente, así como los contratos mineros, obligan a las empresas que explotan minas metálicas y no metálicas a realizar una labor que se denomina cierre de mina, a medida que avanzan en el minado. Esta consiste en restablecer las condiciones preexistentes en el lugar de la explotación, con el llenado de los huecos y zanjas, limpieza de escombros y materiales contaminantes, reposición del suelo y de su capa vegetal, y la plantación o replantación de árboles de especies endémicas de la zona.
Indicó la APD que desde la autopista Duarte o desde la carretera que une a Piedra Blanca con Maimón, se puede observar como Falcondo mantiene en abandono muchos frentes minados sin haber realizado cierre de mina desde hace más de veinte años.
Fue precisamente el incumplimiento de esta obligación contractual de cierre de mina por parte de Falcondo y los graves daños inflingidos a la naturaleza sin que se realizara la labor de remediación ambiental, uno de los factores que más influyó en la población de la región para que ésta se opusiera a la explotación de Loma Miranda, subrayó la organización política opositora.
Puig, insistió que el gobierno no debe permitir que la multinacional Glencore abandone el país sin cumplir esta obligación de cierre de mina, ya sea realizándola ella misma o asignando los recursos necesarios para su realización a un fondo especializado.
A juicio de la organización política las operaciones de remediación deben ser supervisadas por el Estado y la sociedad civil.
La APD llamó a las comunidades aledañas de Falcondo a no aceptar que se mantengan abiertos estos frentes minados ya agotados ni por un día más, dañando el paisaje, produciendo de manera permanente contaminación al medio ambiente y afectando la salud de las poblaciones vecinas.
