Por Washington Cabello
(De CNNEnespanol).- La Procuraduría General de Colombia radicó un informe ante la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda para «denunciar la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y agentes militares y civiles de su gobierno», según afirma un comunicado del organismo.
«La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional presentamos el informe sobre los mismo temas», dijo el procurador Alejandro Ordoñez en declaraciones a los medios este jueves desde la ciudad costera de Barranquilla.
«Allí queda el informe para que la CPI asuma esa investigación oficiosamente porque allí la Procuraduría no tiene competencia para presentar formalmente la queja, pero sí un informe correspondiente de las violaciones de los derechos humanos a los colombianos en Venezuela, desde desaparición forzada, abusos sexuales, torturas, los delitos que consideramos de lesa humanidad porque hay una actitud sistemática del gobierno venezolano contra los colombianos», agrega la solicitud.
En las últimas semanas, el gobierno de Venezuela ha deportado a cientos de colombianos que residían en la zona fronteriza con Colombia. Según cifras de la ONU, al menos 1.355 personas han sido deportadas hacia Colombia desde el 21 de agosto.
La situación en la frontera entre los dos países ha causado tensión diplomática y denuncias por parte del gobierno colombiano que afirma que los deportados están siendo maltratados por las fuerzas armadas de Venezuela.
Este miércoles, en un esfuerzo por demostrarle a la comunidad internacional la situación que viven los colombianos en la frontera, el gobierno nacional invitó a Cúcuta al un grupo de embajadores de diferentes países para que recorrieran los albergues en Cúcuta y escucharan las historias vividas por los colombianos en su dramática salida de Venezuela.
Los 18 representantes extranjeros se unieron a un consejo de ministros liderado por el presidente Juan Manuel Santos para debatir la consecuencias del cierre de la frontera con Venezuela, las denuncias de abuso de los derechos humanos por parte de oficiales venezolanos y la crisis humanitaria que se vive con el regreso de mas de 15.000 colombianos, según cifras de la ONU.
«Los colombianos están expectantes de que la posición del gobierno nacional sea congruente y enérgica para defender los derechos de nuestros connacionales», agregó Ordoñez. «Es necesario que el gobierno colombiano denuncie al de Venezuela como violador de Derechos Humanos y responsable de graves delitos de lesa humanidad».
En el comunicado oficial del organismo, el procurador le pidió al presidente de Colombia Juan Manuel Santos que acudiera a la CPI para denunciar formalmente al presidente Maduro por crímenes de lesa humanidad. Según explica, solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los Estados parte pueden remitir casos o presentar formalmente denuncias ante la CPI.
«Usted, señor presidente, como representante del Estado colombiano, sí puede activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional directamente, acusando a Maduro y a agentes civiles y militares de su régimen de orquestar la perpetración de crímenes de lesa humanidad en contra de nuestros compatriotas», afirma el mensaje oficial.
El pasado 29 de agosto, el viceprocurador de Venezuela se pronunció sobre la intención de Ordoñez de denunciar a Venezuela ante la CPI.
“En cuanto a la insólita amenaza del Sr Ordoñez, de llevar al Gobierno venezolano ante la CPI, es importante aclarar que es un exabrupto calificar la situación actual de la frontera colombo-venezolana como crímenes de lesa humanidad, e imputarlos a una entidad pública, sin que medie la debida investigación o enjuiciamiento de tales hechos, acaecidos en territorio venezolano”, señaló Reinaldo Muñoz en un comunicado publicado en la página de la Procuraduría de Venezuela.
“Los hechos que ocurren en la frontera entre Colombia y Venezuela no constituyen violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni el Comité tiene competencia para recibir las alegadas denuncias del Sr. Ordoñez pues, ni Venezuela ha declarado tal competencia, ni el Estado colombiano ha agotado todos los recursos internos disponibles en el estado venezolano”.
Muñoz agregó que Venezuela había expulsado a esas personas que «no estaban en situación migratoria legal» ejerciendo su soberanía y dijo que las entonces intenciones de Ordoñez eran una mala interpretación del derecho internacional.
“Intentan desvirtuar la verdadera situación que se vive en la frontera, donde el Gobierno Bolivariano ha dado sobradas muestras de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando el orden social, económico, político, la seguridad nacional y la paz en estas zonas fronterizas».
«Lo de la OEA es una bofetada»
Desde Barranquilla, Ordoñez también se refirió al hecho de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hubiera rechazado la petición de Colombia para que se llevara a cabo una reunión de cancilleres para abordar el tema de la frontera con Venezuela.
«Lo que se presentó con la decisión de la OEA es una bofetada a las víctimas y deslegitima a la organización».
En el encuentro de embajadores el pasado lunes 31 de agosto, la votación quedó 17 a favor, 5 en contra y hubo 11 abstenciones. Colombia necesitaba 18 para que se convocara la reunión.
Colombia pide que la OEA reaccione y no guarde silencio frente a lo que califica de una grave situación humanitaria en la frontera.
El procurador Ordoñez, abiertamente crítico del proceso de paz que Colombia adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba) desde hace más de 2 años –y el el que Venezuela funge como garante– dijo que es «escandaloso» que Venezuela siga cumpliendo este papel.
«El Estado venezolano no puede continuar como garante del proceso de paz, es escandaloso que un estado que diseña una política sistemática contra los colombianos que viven en Venezuela siga fungiendo como garante. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué legitimidad?», dijo Ordoñez. «Creo que el presidente está en mora de manifestar terminantemente la desvinculación de Venezuela en el proceso de paz».
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