Por Washington Cabello
(ALMOLOYA, Juárez, México).- Los Estados Unidos, ofrecieron hasta 20 millones de dólares por información que diera con el paradero y arresto del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fue recapturado el pasado 15 de julio.
El narco, de 69 años de dad, está acusado de secuestrar, torturar y asesinar en el año 1985, al agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena Salazar, conocido por el sobrenombre de «Kiki», y tal parece que tras creerse un omnipotente en el planeta, ahora está temeroso de enfrentar la justicia norteamericana, pues no es lo mismo llamar al demonio que verlo venir.
Tras su apresamiento los abogados de Caro Quintero, presentaron ese mismo día un recurso para intentar retrasar su entrega a los Estados Unidos, lo más posible.
El capo era buscado por los Estados Unidos desde que en el año 2013 fue «liberado de una cárcel mexicana por un aparente error judicial» después pasar casi tres décadas encarcelado, 28 años de los 40 que fue condenado por el asesinato de Camarena Salazar y un piloto mexicano, un fallo que se revirtió después, pero que indignó a Washington y tensó las relaciones entre ambos países.
Se rumoró que Caro Quintero, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, una cárcel de máxima seguridad al oeste de la capital mexicana, iba a ser trasladado con fines de extradición hacia USA ante un juzgado de distrito en el Estado de México, por lo que el narcotraficante promovió un amparo en contra de la posible orden de traslado.
En su demanda de garantías, el exlíder del Cártel de Guadalajara señala como autoridades responsables al Presidente de México, al Secretario de Relaciones Exteriores, y a la Directora de Cooperación Penal Internacional.
El escrito fue entregado en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en la ciudad de Toluca.
El juez de amparo decretó la suspensión de plano y de oficio del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan.
Con este acuerdo se impide “todo acto tendente a extraditar al quejoso Rafael Caro Quintero del territorio nacional fuera de procedimiento” por parte de alguna de las autoridades señaladas como responsables.
El juzgador federal ordenó a las señaladas autoridades que rindan sus informes acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a la suspensión de plano dentro de un plazo de 24 horas.
Por otra parte, también se solicitaron los informes previo y justificado para establecer si es cierto o falso el acto reclamado y por el que Caro Quintero teme ser trasladado a otro reclusorio con motivo de alguna de las extradiciones que se han peticionado en su contra.
En tanto se reciben los informes, el juez de garantías fijó fechas para el desahogo de la audiencia incidental el 21 de octubre para resolver sobre la suspensión definitiva, y el 8 de noviembre para desahogar la audiencia constitucional, con posible resolución del amparo.
Cabe mencionar que a la fecha existen diversos juicios de amparo promovidos en favor del capo en juzgados federales de la Ciudad de México y el Estado de México contra actos de extradición, algunos de los cuales se han acumulado y otros fueron sobreseídos.
A la fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha precisado cuantas peticiones de extradición y para cuales Cortes de Distrito en los Estados Unidos de América existen en contra del narcotraficante; lo cierto, es que en ninguna de ellas se ha tomado una determinación definitiva.
La captura
Se recuerda que tras su captura en el noroeste de México, tras un Perro Policía descubrirlo escondido en unos matorrales de una montaña en su estado natal, Sinaloa, en un operativo de la Marina y la fiscalía federal, un Juez emitió un fallo frenando el traslado inmediato de Caro Quintero a los Estados Unidos.
Para la ocasión 14 marinos que participaban en labores de resguardo de la operación murieron al desplomarse su helicóptero por causas que todavía se investigan. Y aún así no salen de esa cosa.
El magistrado mexicano concedió un amparo al capo para evitar que sea entregado a las autoridades estadounidenses antes de que haya concluido el procedimiento de extradición correspondiente.
Los procesos de extradición suelen ser largos. Hay un plazo de 60 días para que los Estados Unidos presente su solicitud formal y las evidencias necesarias y para que la defensa de Caro Quintero haga lo mismo. Luego un juez revisa los argumentos y da una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre si procede o no la extradición e incluso después el detenido podría apelar.
La agilidad depende mucho de la voluntad política de los países y de los resquicios legales en los que pueda ampararse el acusado. En el caso del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora sentenciado en una prisión estadounidense, el proceso tardó un año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quiso dejar claro que su captura fue fruto del trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina y una muestra de que México ya no protege a criminales.
«Si hay una orden de aprehensión se tiene que ejecutar y si se pide apoyo al gobierno (mexicano) se ejecuta, sea quien sea, es un asunto de rutina, no hace falta que (las fuerzas armadas) me consulten», afirmó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.
“¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina?”, preguntó una reportera. “No”, contestó tajante. “Y mucho menos elementos (extranjeros), ya no es como antes”.
La actividad de agentes estadounidenses en territorio mexicano siempre ha sido un tema espinoso entre los dos países y la relación de la DEA y el gobierno de López Obrador, se tensó hace más de un año con la aprobación de una ley que limitaba sus operaciones.
La captura de Caro Quintero, tuvo lugar días después del viaje del mandatario a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y fue celebrada por altos funcionarios del país vecino.
Anne Milgram, titular de la DEA, dijo que era fruto del trabajo conjunto de la agencia y México aunque desde la embajada se aclaró después que no hubo personal participando en el operativo táctico.
López Obrador, reconoció que existe cooperación regular entre los dos países y que las autoridades estadounidenses participan “cuando se requiere”, por ejemplo, con drones, pero aclaró que este no fue el caso.
El contraalmirante José Orozco, vocero de la Secretaría de Marina, explicó a The Associated Press que el área de inteligencia de la Marina venía siguiendo la pista de Caro Quintero desde hacía dos meses, y una vez que se tuvo identificado el lugar donde estaba y sus hábitos, el equipo de operaciones especiales decidió cómo y cuándo actuar.
«El objetivo se movía muy cómodamente en el área, no tenía seguridad y cuando ve llegar al personal de Marina trata de fugarse y esconderse en áreas donde hay mucha vegetación», indicó Orozco. «Es ahí donde, con la ayuda del elemento canino, lo podemos localizar».
Agregó este fue el primer operativo que se realizaba para capturar a Caro Quintero en esa zona y que en él no se realizó ni un disparo ni hubo enfrentamiento alguno.
Caro Quintero es acusado por Estados Unidos de delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio de un funcionario estadounidense.
El capo era considerado uno de los padrinos del narcotráfico mexicano y aunque las autoridades dicen que había vuelto a la vida delictiva, no tenía el mismo poder que en las décadas de los 70 y los 80 cuando era uno de los principales traficantes de drogas a Estados Unidos.
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