Por Sin Reservas
Carlos Sánchez expresa que la República Dominicana tiene previsto la ejecución de númerosos proyectos de desarrollo que pueden impactar los recursos naturales y que para su ejecución, requieren la existencia de instrumentos legales e institucionales que permitan la participación social y el respeto a los derechos ambientales establecidos en la constitución.
«Ante los limitados resultados alcanzados en la recién realizada conferencia de las partes sobre Cambio Climático o COP26, urge ratificar el Acuerdo de Escazú o de lo contrario, esto podría repercutir severamente en la gobernanza ambiental de la República Dominicana», manifestó el diputado al Parlamento Centroamericano, Carlos Sánchez.
Según el diputado, que promueve la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en los países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), después de realizada la COP26, los avances que se puedan alcanzar para limitar el calentamiento global por debajo de los 2.5 grados centígrados (2.5 °C), como fue establecido en el Acuerdo de París, ahora dependerán principalmente de cada país y de los acuerdos regionales que se puedan implementar.
Habló en esos términos durante un encuentro realizado en Azua, el cual contó con la presencia de decenas de dirigentes pertenecientes a distintas agrupaciones sociales y campesinas de la comunidad de Majagual, en el municipio de Peralta.
Se refirió al hecho de que en la medida que los países ricos no establecieron compromisos claros para contener las emisiones de gases de efecto invernadero, las inversiones para la explotación y uso de minerales y combustibles fósiles seguirán en aumento durante las próximas décadas urgiendo de esta manera a los países a reforzar su marco legal y promover acuerdos regionales que le permitan tener reglas claras y proteger los recursos naturales a los fines de impulsar un desarrollo sostenible.
Según se ha resaltado en los medios, durante la celebración de la COP26, los avances más importantes se dirigieron a detener la deforestación del planeta, la reducción de las emisiones de gas metano, así como la promesa realizada por algunos de los países asistentes de contribuir con un fondo dirigido a la mitigación y adaptación al cambio climático.
«Como todos sabemos, la República Dominicana es un país en vía de desarrollo que tiene previsto la ejecución de númerosos proyectos de desarrollo que pueden impactar los recursos naturales y que para su ejecución, requieren la existencia de instrumentos legales e institucionales que permitan la participación social y el respeto a los derechos ambientales establecidos en la constitución, como ofrece el Acuerdo de Escazú, de lo contrario, en poco tiempo el país estará viviendo una especie de batajola ambiental», les dijo a los participantes en el encuento.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento legal vinculante que está siendo impulsado por las Naciones Unidas y que tiene como objetivo promover el acceso a la información, la participación social y proteger los derechos de las personas. La República Dominicana no lo ha ratificado debido a que el Tribunal Constitucional lo tiene retenido desde hace más de un año. Fue firmado por 24 países.
En el encuentro estuvieron los principales directivos de la Asociación de Agricultores y Caficultores la Fuerza, la Asociación de Agricultores el Progreso, la Asociación de mujeres Agricultoras de Majagual, la junta de Vecinos el Progreso, la Asociación de Desarrollo La Esperanza y la Asociación de Ayuda Mutua La Buena Fe, entre otras.
Imagen destacada: El diputado al Parlacen, Carlos Sánchez mientras expone a dirigentes comunitarios de Azua, sobre la necesidad de ratificar el Tratado de Escazú
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