La creación de una alianza tripartita entre el Estado dominicano, a través de la Comisión de Titulación, el sector privado inmobiliario y la banca nacional, es considerada una necesidad nacional por el empresario inmobiliario José De Pool Dominici, a fin de dotar de los títulos de propiedad a miles de dominicanos que no pueden acceder a los créditos comunes por la falta de éstos.
De Pool Dominici, presidente del Grupo Inmobiliario Asociado, entidad que mediante políticas privadas de desarrollo cooperativo trabaja en la obtención de los títulos de propiedad de cientos de personas en el sector Los Tres Brazos.
En ese sentido, destacó que una alianza de este género sería autofinanciable, lo que permitiría al Estado, a través del gobierno como administrador, dotar de títulos a todos aquellos que no los tienen, con la ventaja de que las instituciones responsables unirían esfuerzos para implementar políticas inmobiliarias dirigidas a este fin.
Las consideraciones del presidente del Centro Inmobiliario Dominicano están contenidas en una comunicación enviada al vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a propósito de un informe en el que se da a conocer las constantes violaciones que comete el gobierno con las expropiaciones de terreno, sin pagar lo que verdaderamente corresponde.
En este sentido, De Pool calificó de acertada la promulgación del Decreto 624-12 del 10 de noviembre de 2012, que crea la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, al tiempo que sugirió la ampliación del alcance fundamental de la misma, «a través de un acuerdo tripartito en el que tenga participación el sector público, el sector inmobiliario privado y la banca nacional».
De igual manera, propuso aprovechar las nuevas figuras de negocios, entre las que citó las instituciones fiduciarias y las oportunidades que brinda la Ley 189-11 sobre Mercado Hipotecario.
Indicó que «la unión entre las partes citadas redundaría en beneficio de avanzar y corregir la brecha de la gran cantidad de personas físicas y jurídicas que no han sido objeto de servicio bancario por la carencia de un legítimo título de propiedad, lo que de paso generaría un considerable aumento en las recaudaciones del Gobierno, vía los impuestos sobre transferencias de propiedad, y el pago del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), entre otros».
Finalmente, el empresario consideró que este tipo de alianza redundaría en todos los sentidos en beneficio del Estado y el gobierno como su administrador, amén de que se evitaría estar contratando técnicos extranjeros, ya que en el país hay profesionales reputados que pueden poner en práctica el programa de titulación, con el auxilio de las entidades gubernamentales que tienen que ver con el sector inmobiliario.
