Por José Luis de la Calva
(EUROPA).- Los cancilleres de la Unión Europea (UE) elevaron a 18 el número de sujetos sancionados de la narcodictadura de Venezuela, que tiene el país sumido en una profunda crisis política y económica.
Las sanciones de la prohibición de viajar y la congelación de activos, impuestas fueron acordadas a raíz de la reciente mal llamada «elección» presidencial. Se les acusa a estos pandilleros de menoscabar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país.
Entre los miembros de la pandilla se encuentran la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por “usurpación de las competencias” del parlamento venezolano y “su utilización para atacar a la oposición”.
Al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio José Rivero Marcano, actual inspector de la Fuerza Armada Nacional bolivariana, por el «excesivo uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra miembros de la sociedad civil y de la oposición».
La vicefiscal general, Katherine Harrington, a quien responsabilizan de incoar procesos penales “motivados políticamente” y omitir la “investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos”.
A Freddy Alirio Bernal Rosales, por «manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos» al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP y de «violacion de los derechos humanos» como comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Al vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, por «violaciones de los derechos humanos», en su anterior cargo como supervisor de la dirección del SEBIN.
Al comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Rafael Suárez Chourio y al jefe de la dirección general de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, por «uso de la fuerza y reprimir a la sociedad civil» y «malos tratos a los detenidos».
A los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, vicepresidenta; Socorro Elizabeth Hernández, miembro y Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario general, por “facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el proceso electoral”.
Al ministro de educación, Elías José Jaua Milano, por “socavar la democracia y el Estado de Derecho” en sus acciones como presidente de la Comisión Presidencial de la oficialista Asamblea Constituyente.
