Por Washington Cabello
(LA PAZ, Bolivia).- En medio de esta situación que ataca a casi todos los países del ámbito mundial, como lo es la pandemia del Covid-19 o coronavirus, muchos crueles funcionarios corruptos de algunos gobiernos han visto la oportunidad de aprovecharse económicamente, comprando a sobreprecios insumos sanitarios y equipos.
Tal son los casos de Bolivia y la República Dominicana, entre otros. Pero a diferencia de la República Dominicana, Bolivia, ha puesto un alto a esa delincuencia, destituyendo al ministro de Salud e incriminandolo.
Y hoy un juez, le dictó medida de coerción a Marcelo Navajas, envíandolo a una cárcel preventiva de La Paz, por tres meses mientras se realice la investigación, imputado de la compra con sobreprecio de 170 respiradores a una empresa catalana (España) para usarlos en pacientes afectados por el virus. Adquirido a más del triple de su valor original cada equipo, indica el expediente.
Los equipos fueron comprados a la firma GPA Innova, por aproximadamente de 4,7 millones de dólares, 28 mil dólares la unidad, reveló un portavoz de la firma a medios bolivianos.
Navajas, de 62 años de edad, fue el segundo ministro de Salud en la gestión de Áñez. Estuvo en el cargo 45 días, hasta su destitución el jueves.
Otros funcionarios están involucrados, como Fernando Velenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud, también destituido por Áñez, al que le fue dictada medida por seis meses de prisión preventiva. El fiscal Ruddy Terrazas, informó que Valenzuela, declaró que el exministro fue quien autorizó la compra y que estuvo al tanto del proceso.
También una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está siendo involucrada, a la que dictaron prisión domiciliaria.
El escándalo suscitó un alto revuelo y ocasionó críticas al gobierno de la presidente interina Jeanine Áñez.
Áñez, trató de desligar a su gobierno, relacionando la compra con un funcionario que trabajó estrechamente con la exministra de Salud, Gabriela Montaño, en la gestión del expresidente Evo Morales. Pero los opositores responsabilizan a la actual administración.
La abogada defensora de Navajas, Rosario Canedo, dijo que su cliente era inocente y que se estaba poniendo en riesgo su salud porque padece de un problema del corazón.
El BID, que financió y ayudó con la compra de los equipos, informó que está haciendo una investigación rigurosa, aunque adelantó que la compra era responsabilidad directa del gobierno. El procurador José María Cabrera, dijo que solicitó información a ese organismo, pero que no la recibió.
Imagen: El exministro Marcelo Navajas, es escoltado a una audiencia en la corte de La Paz, Bolivia
