Por Sin Reservas
Resulta imposible de creerle al inspector general del ministerio público, que la Procuraduría General de la República (PGR), ignoraba que el teléfono de la juez Miriam Germán Brito, estaba siendo espiado.
Bolívar Sánchez, negó que el procurador solicitara intervenir el teléfono de la juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como denunció el periodista Danny Alcántara, sino que la petición la hizo la Inspectoría General del Ministerio Público (MP), como parte de una investigación por narcotráfico que realizaba.
Danny Alcántara, dijo que Jean Alain Rodríguez, había solicitado la interceptación del teléfono la jueza con una sigla que no correspondía al nombre de la magistrada. Y que actitudes como esa afectan a periodistas jueces y fiscales, cuya solicitud de intervención telefónica ha sido hecha a nombre de otra persona
Agregó que la solicitud fue a varios teléfonos vinculados al presunto narcotraficante Richard Molina Ovalles, quien se suicidó el 15 de noviembre del pasado año.
Indicó que no sabía que el número era de la magistrada, pero que al establecerse que uno correspondía a ella, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ninguna información, ni registros de llamadas de Germán.
A pesar de que Sánchez, asegura que todo era parte de una investigación al fenecido Molina Ovalles, la solicitud de interceptación telefónica al número que resultó ser de Miriam Germán Brito, tiene fecha del 24 de noviembre de 2018, nueve días después de la muerte del investigado, y es el único que aparece en la solicitud.
Agregó el inspector que Molina Ovalles, fingió su muerte en 2014 y sacó un nuevo documento de identidad oficial con el nombre Richard Miguel Gloss Ovalles.
Relató que se hacía pasar por ingeniero, y fue quien construyó la villa que tiene la jueza Miriam Germán en San José de Ocoa, cosa que ella misma admitió, y esto generó una vinculación con ese número de teléfono.
Explicó que las solicitudes de interceptaciones telefónicas siempre las hace a un juez, con el debido proceso de ley, y que no está en la obligación ni es un requerimiento que deba contar con la autorización del Procurador General de la República, que «desconocía el caso y actuaciones en la investigación en cuestión».
