Por Sin Reservas
La magistrada Kenya Romero, decidió enviar a la cárcel como medidas de coerción a todos los implicados en el caso Operación Coral.
La juez dictó 18 meses de prisión a cumplir en la Cárcel de Najayo, contrael mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; Rossy Guzmán Sánchez, alias La Pastora; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria.
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La revisión obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto.
Asimismo la magistrada valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el Ministerio Público.
La Pepca los acusa de colocar activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y en dólares estadounidenses, que servían de soporte para tomar préstamos pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
Los fiscales en el caso indicaron que se produjo “una unión simbiótica” entre el coronel Núñez de Aza y el general Adán Cáceres, los cuales llevaron a cabo una “estrategia de colocación de millones de pesos” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
Agregan que los imputados no tienen cómo explicar la fortuna que han generado como resultado del desfalco, por lo que involucraron a otros acusados de la red criminal.
Señalan que se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez de Aza, a nombre de Rossy Guzmán y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud de medida de coerción señala que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez de Aza.
El órgano señaló en la audiencia que el entramado societario no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años. Y que las cifras devengadas de las actividades ilícitas ascienden a más de 3 mil millones de pesos.
Afirmaron los fiscales que sólo el coronel Núñez de Aza, manejó en una cuenta bancaria corriente la suma de 177 millones de pesos.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso, dijo que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) funcionaba como una “caja chica”, mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) fungía como el Banco Central en la Operación Coral.
En la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, la Pepca advierte que las empresas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibían fondos de instituciones castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros depósitos “sin concepto” para los que utilizaban a subalternos.
Esta última, a nombre de Rossy Guzmán, es señalada por el Ministerio Público como uno de los “centros de operaciones” para el enriquecimiento ilícito del entramado.
El proceso era el siguiente: las empresas recibían cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehículos de motor a favor de los imputados.
Agrega el Ministerio Público que el entramado también cobraba cuotas a militares y policías para mantenerlos al frente de terminados puestos en el Cusep y en el Cestur, cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y los 70 mil pesos.
Operación Coral, es la tercera envestida en contra de la corrupción administrativa de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Las anteriores fueron la «Operación Antipulpo», donde atraparon a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Danilo Medina, señalado por la Pepca como el cabecilla del entramado. Y a su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez.
También a Francisco Pagán Rodríguez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez –Freddy Hidalgo-, Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz, se le impuso presentación periódica.
y «Operación Caracoles», que envuelve la corrupción con la cómplicidad de la Cámara de Cuentas, que maquillaba las auditorías.
En esta ocasión en Coral, fueron incautados bienes muebles e inmuebles millonarios, cientos de documentos y armas de fuego y los apresados acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos
El conocimiento de las medidas de coerción del entramado militar, policial, societario y religioso se extendieron por tres días, tras numerosas objeciones, aplazamientos, recusación y discursos de defensa de los imputados.
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