Por Sin Reservas
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, rechazo el acuerdo entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la empresa constructora brasileña Odebrecht, por no cumplir procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal.
El magistrado declaró inadmisible el acuerdo y ordenó su devolución para que las partes escojan el mecanismo que establece el Código Procesal Penal.
Motivo su decisión en que el acuerdo ha sido el resultado de una conciliación entre las partes, pero que no se podía aplicar en este por tratarse de un hecho grave.
El juez Vargas explicó que para hallar una conciliación deben participar en el acuerdo las víctimas, imputados y los querellantes, por lo que no se puede considerar en este caso.
Agrega en su motivación, que la homologación se aplicaría como conciliación en infracciones leves, pero que tanto Odebrecht, como la Procuraduría reconocen que se trata de un caso grave, que amerita “otro tipo de remedio procesal”.
En un informe del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, la constructora Odebrecht, declaró haber pagado 788 millones de dólares en sobornos entre doce países, para ser favorecidos con las contratas, de los cuales 92 fueron en la República Dominicana.
El documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relata que estos sonpaíses, ellos son, además de RD: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En vista de esto las autoridades del Gobierno del presidente Danilo Medina. acordaron con Odebrecht, que devolverían el doble, 184 millones de dólares en ocho años, lo que ha sido rechazado por el juez.
La firma aseguró que los 92 millones de dólares en sobornos fueron repartido entre funcionarios e intermediarios.
En el país, Odebrecht realiza varias obras, entre las que se destaca las plantas a carbón de Punta Catalina, en la que el Estado dominicano ha invertido decenas de millones de dólares.
Previo al inicio de la audiencia, el Colectivo Marcha Verde, protestó en el Palacio de Justicia exigiendo que el magistrado rechazara la validación de dicho acuerdo.
Relata el informe que los chelitos fueron pagados a los funcionarios gubernamentales e intermediarios, para asegurarse contratos de obras públicas, según como sigue:
- En Angola, 50 millones de dólares.
- En Brasil, 349 millones de dólares, (incluye a partidos políticos).
- En Argentina, 35 millones de dólares.
- En Colombia, 11 millones de dólares.
- En Ecuador, 35,5 millones de dólares.
- En Guatemala, 18 millones de dólares.
- En México, 10,5 millones de dólares.
- En Mozambique, 900.000 dólares.
- En Panamá, 59 millones de dólares.
- En Perú, 29 millones de dólares.
- En la República Dominicana, los 92 millones.
- En Venezuela, 98 millones de dólares.
En el caso dominicano la Procuraduría General, dijo que no ha recibido información oficial sobre estas revelaciones.
