Los movimientos campesinos guatemaltecos se rebelan contra el modelo de desarrollo construido sin ellos y «desde arriba», y a favor de las grandes empresas. Y luchan por sus tierras y su seguridad alimentaria
«Una de las formas de operar del Estado guatemalteco es decir que el combate contra la pobreza se hace trayendo capital extranjero para la inversión en mega proyectos. Pero llegan esos capitales y el Gobierno lo único que hace es concesionar los bienes naturales de los pueblos a petroleras, a empresas que tienen el interés de establecer proyectos mega hidroeléctricos, o a mineras. Por eso tenemos problemas en diversas comunidades como San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, San Rafael las Flores, San José el Golfo, San Juan Sacatepéquez, San Pablo la costa, San Pablo Tacana, Santa Caterina…».
Quien cuenta estas cosas es Feliciano Velásquez, líder campesino guatemalteco y uno de los fundadores del Frente de Resistencia En Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos(FRENA), que visitó Madrid a finales del año pasado. Estaba acompañado del abogado Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas de Guatemala (CIJ).
Este último insiste en el discurso de su compañero, agregando que el gobierno de Guatemala, desde la firma de la paz —en 1996 tras más de tres décadas de conflicto civil— se ha convertido en «el guardián de las empresas privadas». Por otro lado, asegura, las empresas privadas transnacionales han adquirido tanto poder que superan al poder del Estado. «Y por eso es muy difícil hacerlas responsables de sus actos en el país. Por esa razón es que hemos venido, además de para informar de lo que está sucediendo en Guatemala, a pedirle al Parlamento español, al catalán y al europeo que establezcan un marco legal más amplio que permita establecer la responsabilidad penal de las transnacionales por los actos que realizan sus filiales en el extranjero», agrega.
De la mano de la organización Éxodo y la Cooperativa l’Olivera, los dos activistas empezaron en Madrid un periplo que les llevaría a visitar el Congreso español, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento europeo y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Organismos ante los que han denunciado la situación de su país y pedido acciones concretas que ayuden a cambiar la realidad de que se vive allí.
Tras décadas de guerra civil, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que ponían fin al conflicto guatemalteco. Desde entonces, pocos avances se han logrado en la convivencia nacional y en la mejora de la vida de los sectores más vulnerables del país, sobre todo de los indígenas, que representan un 65% de la población.
Dos años después de la firma, el 24 de abril, la Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por el obispo católico Monseñor Juan Gerardi, presentaba el resultado de sus investigaciones en materias de derechos humanos en un documento titulado Guatemala: nunca más. El informe recogía los testimonios de miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría de los crímenes al ejército guatemalteco; documentaba más de 54.000 violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar (1960-1996); y atribuía al ejército y la represión estatal la autoría de las masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes que caracterizaron aquel periodo.
Dos días después, el 26 de abril, el obispo Gerardi era asesinado en la casa parroquial donde residía en Ciudad de Guatemala.
Feliciano Velásquez comenta que, con este asesinato, el Ejército quiso evitar «ese señalamiento por nombre a todos los militares culpables que habían cometido el genocidio. A partir de ese momento, los militares tomaron el poder a través del terror, del miedo, y de la persecución, que es la situación en la que hoy día nos encontramos en Guatemala».
El abogado Ramón Cadena insiste en que, debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, hoy día se están nuevamente manifestando prácticas del pasado como la criminalización de la protesta social, situación que se dio durante la guerra. «Pero antes acusaban a los dirigentes de las comunidades y a los abogados y abogadas que los apoyaban de comunistas, hoy se nos acusa de terroristas. Y a las comunidades y a sus dirigentes se les persiguen acusadas de ser terroristas y de violar la ley. Lo que se está tratando de hacer es afectar la protesta social, de anular la oposición al modelo de desarrollo económico que el estado pretende imponer».
Cortesía de: http://elpais.com
Continuara…
