Por Washington Cabello
(BOGOTÁ, Colombia).- El periódico El Tiempo de este país amaneció con la impactante noticia de que una aeronave de la empresa Helidosa Aviation Group, propiedad de Gonzalo Castillo, excandidato a la presidencia de la República Dominicana de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ahora aunque no tenga nada que ver con las acciones criminales Gonzalo Castillo, por lo menos tendrá que revelar a las autoridades quien contrató y pagó sus servicios, y entregar la lista de quienes viajaron.
«Los más recientes itinerarios que cumplió un lujoso jet privado, de matrícula HI-949, se convirtieron en una de las pistas clave, en manos del FBI, sobre el crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio», reseña el El Tiempo, en su investigación publicada hoy con el título «Primicia: el jet, audios y confesiones sobre el magnicidio en Haití».
«Una foto, que EL TIEMPO revela en exclusiva, y que la colocamos en destacada, muestra al médico haitiano Christian Emmanuel Sanon, señalado de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio, en las escalinatas de la aeronave, avaluada en 1,2 millones de dólares, y operada por Helidosa S.A., agrega el diario colombiano.
Al lado de Sanon, hoy preso por el crimen de Moïse, está un colombiano al que casi nadie le conoce el rostro: el exmilitar Arcángel Pretelt Ortiz. Y al otro lado, el ecuatoriano Walter Veintemilla.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, Pretelt, es un exmiembro del Ejército que asegura vivir en los Estados Unidos, por haber colaborado en un caso federal por narcotráfico contra un exmiembro de las exFarc.
Su nombre aparece en los documentos de la firma CTU Security LLC, con sede en Miami, junto con el venezolano Antonio Intriago, otro de los de la foto.
Desde CTU se articuló el reclutamiento y envío de los exmilitares colombianos que terminaron involucrados en la tortura y crimen del Presidente; y en el intento de asesinato de la Primera Dama.
La Policía de Haití reveló, otras imágenes en un lujoso hotel de Santo Domingo, en donde se reunieron el médico Christian Sanon, el venezolano Intriago y el exsenador John Joel Joseph, lo que ha sido desmentido al afirmar que la imagen pertenece a una reunión en Miami.
A la reunión también asistieron el enlace haitiano-estadounidense James Solages (Capturado); el alcalde Marky Kessa y Veintemilla.
El ecuatoriano Veintemilla, ha cobrado relevancia en la investigación, en la que participan la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, (DNI), la Policía e Interpol Colombia, con sus cabezas en terreno.
Al quiteño se le atribuye haber movido parte de los fondos del plan criminal. Desde su empresa Worldwide Capital Lending Group salió dinero para que viajara parte del contingente de exmilitares, en junio pasado.
Llamada y vudú
La noche del magnicidio alguien de la Policía llamó a la residencia presidencial para que dejaran pasar a los colombianos. Por eso, la puerta de seguridad estaba abierta.
Uno de los receptores es el capitán (r.) Germán Rivera García, quien mantenía contacto con CTU y quien, el día del asalto, coordinó el anillo de seguridad para que ingresan los hombres que terminaron aniquilando al Presidente.
EL TIEMPO tuvo acceso a un audio en el que un informante le entregó a un agente de inteligencia de República Dominicana datos de la contratación de los vehículos usados y de los hombres que entraron a la habitación de Moïse a matarlo.
Según el informante, la noche del magnicidio alguien importante de la Policía llamó a la residencia presidencial para que dejaran pasar a los colombianos. Por eso, la puerta de seguridad estaba abierta, no hubo intercambio de disparos y fue fácil reducir y esposar a la guardia.
En francés, la fuente le dijo al agente dominicano que quienes mataron a Moïse fueron policías haitianos. Y la prueba es que le sacaron el ojo izquierdo.
“Es un ritual vudú, para que el muerto no te siga mirando desde el más allá”, explicó.
Y también dio pistas sobre uno de los fugitivos: Mario Antonio Palacios, un exsoldado del Chocó que sigue con vida. Dijo que él sí ingresó hasta la habitación del Presidente (ver nota abajo).
Y varios exmilitares presos han reiterado que a ellos les dijeron que iban a hacer efectiva una orden de captura contra Moïse. Solo al final les revelaron que iban a asesinarlo y a avanzar al Palacio para proteger a un nuevo mandatario.
Además de las cuentas bancarias de Veintemilla, otras son chequeadas para saber quién irrigó los fondos para ejecutar el crimen. Buscan conexión con empresarios haitianos y con el señalado capo Rodolphe Jaar, alias Dodof, quien ya tiene orden de captura.
Se calcula que el plan criminal pudo haber costado más de 20 millones de dólares y el rastro del dinero puede llevar a los otros autores intelectuales.
Otro dato, hasta ahora desconocido, es que los tiquetes usados por varios de los implicados para viajar a República Dominicana y luego saltar a Haití, fueron gestionados a través de una reputada agencia de viajes.
Se trata de Ok Mundo Travel, ubicada en Doral, Florida y ajena al caso. Pero se espera que, a través de sus registros, se conozca quién los pagó y quiénes faltan en la trama.
Todo indica que desde Ecuador se coordinó parte del desembarco de exmilitares, a través de Dimitri Hérard, jefe de seguridad del Palacio, hoy también preso por el magnicidio.
Hérard, entrenado en una academia militar de Quito (la Eloy Alfaro), en 2013, se negó esta semana a declarar ante la Fiscalía cómo fue que al Presidente lo torturaron, le sacaron el ojo izquierdo y lo acribillaron, sin que sus guardaespaldas sufrieran un solo rasguño.
Tampoco ha explicado sus asiduos viajes a Ecuador, con seis escalas en Bogotá, en donde se habría encontrado con Capador y Rivera.
La mujer del audioEstados Unidos ya lo venía investigando por tráfico de armas, un dato que conocía el presidente Moïse desde mayo, cuando viajó con él a la posesión del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso.
EL TIEMPO estableció que los investigadores tienen un audio en el que una mujer entrega más detalles clave sobre la relación del presidente con Hérard y el reclutamiento de exsoldados.
La mujer asegura que Hérard, le dijo a Moïse, que debían contratar a los colombianos para controlar a las bandas que ejecutan secuestros, asesinatos selectivos, saqueos y hasta violaciones de mujeres.
Sus cabecillas tienen acorralada a la pequeña élite haitiana, incluidas familias árabes que manejan parte de la economía y que están asentadas en el exclusivo barrio Pétion-Ville, donde vivía el Presidente.
«Los contratos de los mercenarios fueron con el gobierno», dice la mujer. Y coincide en que habría miembros de la Policía involucrados.
Ahora, los exmilitares van a ser trasladados a las mismas cárceles donde están recluidos cabecillas de las bandas que supuestamente iban a combatir. Y algunos creen que allí los pueden a empezar a matar.
Palacios, el fugitivo, pieza clave
Las autoridades haitianas no son las únicas que buscan al exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios Palacios, uno de los 7 colombianos que permanecen fugitivos tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Agencias externas también tratan de localizarlo porque lo consideran pieza clave dentro de la trama.
El exsoldado nacido en Quibdó (Chocó), habría sido uno de los que alcanzó a ingresar a la residencia del mandatario. Su familia ha dicho que es un trabajador, miembro de una iglesia cristiana. EL TIEMPO supo que ya estableció contacto con un tercero y que dijo que teme por su vida.
Son 26 los colombianos involucrados en el crimen del presidente de Haití. Han sido interrogados y algunos habla de tortura. Complentan 10 días presos en la sede de la Policía Nacional, incomunicados y sin que el consulado los haya podido visitar para prestarles apoyo.
La Cancillería colombiana ya envió una carta en la que se plantea la «urgente necesidad de que el Gobierno de Haití apruebe la visita consular». Incluso, este diario estableció que la comisión que viajó a Puerto Príncipe a apoyar la investigación judicial, aún no ha tenido acceso a los connacionales.
De hecho, nadie sabe en qué condiciones se encuentran y, según fuentes federales, algunos habrían sido torturados, para que admitieran su participación en el crimen.
Ahora se teme que sean enviados a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe –con un hacinamiento superior al 400 por ciento– o a Croix-des-Bouquets, una cárcel en las afueras de Puerto Príncipe. De allí, se fugaron hace 5 meses 200 prisioneros y 25 personas más resultaron muertas, incluido el director del penal y civiles que pasaban cerca.
Y aunque la Constitución política de Haití no contempla la pena de muerte, el delito de alta traición puede ser castigado con trabajos forzados de por vida sin que se permita conmutación de la pena.
El artículo 21 define esa conducta y uno de sus parágrafos encaja con lo sucedido: “Consiste en portar armas contra la República en un ejército extranjero (…).
El riesgo para los exmilitares es tal, que poco después de su captura, el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, señaló que podrían ser asesinados por quienes los contrataron para callarlos.
«Quienes los hicieron llegar allá son capaces de envenenarlos o hacer cualquier cosa con ellos para que no hablen», puntualizó el diplomático.
Imagen destacada: Walter Veitemilla, Christian Sanon, Arcángel Pretelt y Antonio Intriango, cuando se disponían a viajar hacia el aeropuerto La Isabela, de Santo Domingo, República Dominicana, para afinar la contratación del comando.
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