Por José Luis de la Calva
(MADRID, España).- Este país no reconoce como legitimos al fiscal general y al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, por lo que le ha negado la solicitud de extradición de Enzo Franchini.
La Justicia española considera carentes de legitimidad al fiscal general, Tarek Willians Saab, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, para reclamar la extradición del venezolano Enzo Franchini, al que acusan de haber quemado vivo a un joven durante protestas antigubernamentales en el año 2017.
La decisión fu tomada por la Audiencia Nacional, el pasado 17 de los corrientes, alegando la posibilidad de que el proceso contra él acusado fuese utilizado para vulnerar sus derechos fundamentales.
«Solo el hecho de que el Tribunal Supremo y la fiscal general sean los refrendatarios de la petición la invalida», dijo la Audiencia Nacional.
«Ellos han firmado documentos esenciales» en el procedimiento de extradición, circunstancia, señala el texto judicial, «que no es posible obviar» teniendo en cuenta informes de organismos internacionales que cuestionan la legitimidad de los cargos que ostentan, señala el documento.
Previamente, en junio, el tribunal español había dado luz verde a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía y la defensa de Franchini, ejercida por el abogado Ismael Oliver, por lo que recurrieron.
Los magistrados firmantes se basan concretamente en un comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) del año 2018, «llamando a desconocer solicitudes de extradición» por parte del considerado «ilegítimo tribunal supremo de justicia que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial».
A esto suman que la Unión Europea, «no ha reconocido a la Asamblea Constituyente, como tampoco lo ha hecho, a título particular, España». «Al ser esto así -añaden-, y siendo aquella la que les nombró para los cargos de Presidente del Tribunal Supremo y de Fiscal General, queda en entredicho su legitimidad de actuación, y, en consecuencia, carente de eficacia su petición de extradición».
En cuanto a las connotaciones políticas que les han llevado también a considerar que la reclamación tuviese como fin la persecución de un disidente, para los magistrados es «relevante» que los hechos por los que se pide la extradición «se produjeran en el curso de una manifestación de opositores al gobierno de Venezuela».
En este sentido recuerdan que quienes «actualmente ostentan los poderes públicos han protagonizado no pocas actuaciones de represión y persecución contra miembros de la oposición (…), a veces con utilización del proceso penal como instrumento».
EFE
