Por María Celsa Rodríguez
La Corte Suprema, decidió fallar a favor de los jubilados algo que contenta a la oposición, por lo tanto los salarios deberán actualizarse de acuerdo con el Indice de salarios básicos. Esto generó el enojo del Presidente Macri, ya que esta decisión de la Corte incide en el Presupuesto en unos 700 millones de pesos según lo estimó el Ministro de Hacienda, Dujovne.
Sin embargo hay un hervidero en el gobierno por la acordada Nº 44, que deja afuera de las decisiones internas de carácter administrativa al Presidente, Carlos Rosenkrantz, se dice que según fuentes internas la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, en un principio firmó la acordada de los 13 puntos que indican modificaciones al funcionamiento de la Corte con las Reformas impuestas al Reglamento de Justicia, pero que al ser «amenazada», retiró su firma. Por este motivo los otros jueces pedirán en la próxima reunión, la semana que viene, que se abra una investigación administrativa para saber quien «amenazó» a la jueza presionándola a que retire su firma, y de donde vino esa amenaza, y es más, hay un abogado que presentará una denuncia ya que esto implican un avasallamiento sobre el Poder Judicial.
Las miradas ahora están puesta sobre Rosenkrantz y su intima relación con el gobierno desde donde se sospecha que viene las presiones, en la linea del Ejecutivo.
Los tres que firmaron son Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, oficialmente se dice que la Dra. Highton, no firmó las resoluciones ni la designación y renuncia de sus empleados ni la de renovación de contratos.
Este conflicto interno estará demostrando que se ha quebrado la independencia del Poder Judicial, si se descubren el origen de las sospechas.
La disidencia en la Acordada, que genera el nudo de la crisis que explotó intramuros de la Corte hizo resaltar la queja del Dr. Rosenkrantz, al hacer hincapié en la existencia de una fisura interna y aclaró que «cualquier decisión que por vía de acordada autorice a disponer de recursos presupuestarios, como ser la contratación temporaria de personal que no haya sido adoptada con la intervención del Presidente de la Corte viola la disposición expresa del artículo 4 de la ley 11.762».
Esto deja en evidencia que se le quita poder de decisión al Presidente de la Corte. Pero esta medida fue como consecuencia a que Rosenkrantz, había nombrado a varios funcionarios de la línea del Pro para asesoramiento en temas tributarios, del tesoro y administrativos, sin consultar a los otros jueces. Se rumorea que lo que enojó a los miembros fue la vinculación del ejecutivo en los nombrados ya que trabajaron en el poder central.
La autora es: Directora de ChacoRealidades; www.chacorealidades.blogspot.com.ar; Analista del Circulo Acton Chile @CirculoActonChile
