Por Guillermo Cifuentes
“La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es quizás menos vano el hecho de preocuparse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente”. Marc Bloch
Un periódico chileno titulaba el pasado 25 de febrero que «Odebrecht busca pacto judicial para mantener negocios». En el contenido de la noticia se detallaba que la constructora brasileña Odebrecht, indagada por pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en América Latina y África “ofreció ayer colaborar con la justicia de ocho naciones a cambio de poder mantener sus negocios en esos países. Según Folha de São Paulo, abogados de la empresa hicieron la propuesta en la reunión de la semana pasada en Brasilia, convocada por el fiscal nacional Rodrigo Janot, en la que fiscales de diez países -entre ellos, Chile- acordaron cooperar en las investigaciones a la constructora. La propuesta sería para los ministerios públicos de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.”
La simple noticia es como para hacer sonar todas las alarmas y también invita a poner atención a que estamos ante un escándalo continental donde se coordinan, acuerdan y negocian los que pretenden el aforismo neoliberal por excelencia: “El que delinque paga”.
Durante los últimos meses hemos podido observar la aparente coordinación internacional a partir de Transparencia Internacional, organización cuestionada bastante por su metodología de percepción. Y cuestionada también por quienes la financian (hasta la Exxon de Bush figura) y por sus expertos capacitadores o facilitadores entre los que destaca una lista de agentes de la CIA ligados a la inefable USAID. Varios estudiosos de esta institución -fácilmente accesibles desde Google- nos entregan una valiosa información que nos ayudará a entender sus motivaciones: facilitar el comercio internacional y la globalización. Sabemos cuánto se encarece la inversión extranjera cuando hay que darle dinero a funcionarios y políticos.
Sin duda estamos frente a motivaciones diferentes cuando hablamos de “Fin a la impunidad” que no es lo mismo que “Lucha contra la corrupción” ni la exigencia de transparencia. Unas declaraciones de Servio Tulio Castaños publicadas a fines de enero pasado refiriéndose al caso Odebrecht fueron motivadoras para cuestionarnos y buscar explicaciones y caminos. Dijo el directivo de FINJUS:
“Aquí se rompieron reglas del comercio internacional. Ese interés que tiene Estados Unidos, de que se llegue hasta el final es porque se le rompieron reglas de comercio internacional a ese país”.
Sin duda son absolutamente atendibles las preocupaciones que provoca la comisión de actos corruptos y las distorsiones en el ámbito económico cuando el mercado está impedido de actuar libremente. Pero, aunque reconocí hace unas semanas no tener idea de lo que pasaba por las cabezas de los miles de manifestantes de la “Marcha Verde”, parece evidente que el tema que nucleó la movilización era la sed de justicia y no el de la inversión extranjera (o nacional).
Los pueblos tienen derecho a la justicia y la impunidad es un obstáculo para la satisfacción de ese derecho que debe significar reparación hasta donde sea posible y sanción a los culpables. Es altamente inconveniente que quienes tienen obligaciones legales, constitucionales y morales con los derechos de los ciudadanos esperen unos pesos más a cambio de eternizar la impunidad.
Todo el inevitable contenido político de la crisis y de su solución se aparece cada día como una cuestión que debe primero ser motivo para los intelectuales y las academias y para los partidos políticos después.
La historia reciente de América Latina nos demuestra que han sido los movimientos progresistas y de izquierda los que han motorizado las exigencias de justicia. Si no fuera por sus exigencias ni uno solo de los torturadores y asesinos de las dictaduras estarían o habrían cumplido condena.
Hoy frente al crimen transnacional y sus aliados nacionales que quieren negociar para recibir ahora un “soborno legal” debidamente homologado no queda otra opción que persistir en la lucha por la justicia y generar redes internacionales de intercambio de información que vayan asegurando que todo esto no termine con una Odebrecht comprando su impunidad y la impunidad de sus aliados nacionales a sueldo.
En estos días de noticias imparables, es recomendable darse una vuelta por Latinoamérica, no para gastar tiempo como antaño en buscar “las burguesías nacionales”, sino para encontrar que en otras partes importan los derechos y se aplican sanciones. Como es el caso de Luis Benavente, presidente de la consultora peruana “Vox Populi”, quien en otro periódico chileno y refiriéndose a los políticos corruptos de su patio, sentenció:
“El futuro para esos dirigentes de América Latina tiene que ser la cárcel, no puede haber otro camino”.
