Por Guillermo Cifuentes
“La principal fuente de memoria es la justicia. Si no hay justicia, la memoria de los pueblos queda completamente desguarnecida”, Carmen Hertz
Desde distintos países de Latinoamérica nos llegan noticias que invitan a tener una mirada tranquila y reflexiva de la crisis que como producto de la confesión de la empresa constructora brasileña Odebrecht de haber sobornado a altos funcionarios políticos amenaza con mover altares que hasta ahora parecían inamovibles.
Sabemos lo que ocurrió. En Colombia, Perú y Panamá, los avances investigativos tocan a ministros y ex presidentes y no existe razón alguna para no sospechar que en República Dominicana, tarde o temprano (julio) las cosas tomen un camino parecido a lo que observamos en esos y en otros países de América. Entonces… la cosa no está como para alegrarse. El puro hecho de tener gobernantes sobornables y sobornados es suficientemente triste, desilusionante y también, desafiante.
Lo que viene invita a la acción resultado de una reflexión profunda y serena donde los contextos sean acuciosamente revisados y las salidas que habrá que diseñar conduzcan efectivamente a la justicia y consecuentemente a más democracia. El asunto no es salvar Punta Catalina, la profundidad de la crisis que viene y que será imposible de evitar cuando se sepan los nombres y las cantidades de dinero que recibieron por sobornos así como las pérdidas del Estado por sobrevaluaciones va a obligar a que quienes tienen responsabilidades políticas actúen de manera enérgica, con un tremendo amor a la patria y por compromiso, sin asomo de duda, con el fin de la impunidad y con la instauración de un verdadero sistema democrático.
La gravedad de los acontecimientos no está siendo calibrada por muchos de los que opinan, u opinamos, y esto desde mi punto de vista tiene como origen la falta de experiencia política de muchos de los involucrados y también una escasa sensibilidad para analizar hechos de la historia reciente. El camino que hay que recorrer no va a ser sencillo, quien haya vivido una crisis política de verdad, lo sabe. Vean ustedes lo que está ocurriendo en Perú, donde tres ex presidentes parecen en peligro de ir a la cárcel y la esposa de uno de ellos amenaza al actual mandatario con denunciarle por presuntos actos ilícitos. Para que las cosas caminen bien, hay que empezar por no evitar la discusión. Es más, hay que promoverla: en la universidad, el sindicato, el colegio, el partido, el barrio.
No es aceptable que, desde cualquiera de los bandos (me temo que hay más de dos) se implante una especie de nuevo código mosaico donde se establece en forma gratuita lo que unos u otros deben o no hacer. La estrategia más fracasada durante las últimas cinco décadas en el país consiste en saber siempre lo que tienen que hacer los demás.
Si el peligro fuera un golpe de Estado, como he leído, las firmas en el libro verde solamente servirían para tener los nombres de los que irán presos.
Aquí no hay ningún peligro de golpe de Estado, por dos razones difíciles de discutir. La primera es que no existe ninguna necesidad si de lo que se trata es de combatir un adversario político peligroso desde el Estado o desde el gobierno. Aquí el adversario político no logra fortalecerse gracias al trabajo del gobierno y a la ayuda inestimable de los cívicos que durante más de cincuenta años han combatido a la política y a los políticos administrando sin ninguna responsabilidad todos los intentos que han culminado en fallidos. Para qué los vamos a enumerar.
La segunda razón, que se les pasa sin que se den cuenta por su infinita vocación de coyuntura diaria y de escrito semanal es que el golpe de Estado. ¡¡ya se dio!!. Según cualquier conceptualización de manual el golpe se materializó con la reforma constitucional del 2015 y se acabó de concretar con las votaciones de mayo del 2016. Ese es el contexto político que se tiene. Es en ese contexto que la ciudadanía convocada por las iglesias, los partidos, organizaciones populares y no solo, como se quiere pasar de contrabando, por grupos de presión o algún estudio de abogados, exige fin a la impunidad, es decir, que el Estado cumpla con su responsabilidad de sancionar según lo establecen las leyes a quienes han cometido delitos.
El fin de la impunidad no es solamente Odebrecht o los tucanos o la Sund Land. En la Procuraduría General de la República reposa una presentación hecha por más de diez legisladores pidiendo que se investiguen presuntos sobornos pagados u ofrecidos a los legisladores para la aprobación de la reforma constitucional de 2015. Otra presentación que espera el fin de la impunidad que los dominicanos y dominicanas exigieron en las calles el pasado 22 de enero pide investigar y castigar a los asesinos de Manolo y sus compañeros en Las Manaclas en 1963.
Al final, los pueblos que han sido capaces de construir instituciones democráticas saben desde hace mucho que insistir en el debate, la discusión, el intercambio de ideas nos acerca mucho más al castigo a los culpables que las manifestaciones irresponsables que promueven el suicidio como parte de una nueva épica.
