Por Guillermo Cifuentes
Espero no haber caído en la desgracia del “déficit de lectura comprensiva”, recurso autoritario tan reconocido y reconocible en el Foro Público del inefable Font Bernard y con reminiscencias del “¿Me entiende?”. Si formo parte del grupo, a la manera de Parra “Me retracto de todo lo dicho”. Si todavía entiendo lo que leo, permítanme parafrasear a Brecht, con aquello de que a veces hablar sobre árboles supone callar tanta alevosía. O puede ser que el intento consista en ocultar la alevosía, como lo prueba una abundante bibliografía. Se pretende que miremos para otro lado utilizando el expediente ordinario y falaz de poner en la palestra asuntos que pueden y deberán ser corregidos en su momento. No les conviene aclarar que deberá ser en su momento, que hay medidas que forman parte del cambio político necesario a las que no se recurre como condición en un discurso fácil, que huele a populismo vulgar y que, a lo más, sirve para ejemplificar el ejercicio poco inteligente del pensamiento balaguerista decadente.
Si se tratara nada más que de eso, no merecería el trabajo que da escribir una columna semanal. El problema me ha parecido más delicado al leer la argumentación de que tales asuntos -sin duda pendientes de tratar en su momento- deben serle cargados como costos a la democracia. Eso amigas y amigos, es otra cosa, es la introducción de un pensamiento fascistoide que no tiene que ver con los problemas a que se hace referencia, tiene que ver con una intención oculta de desprestigiar la democracia, también censurable por eso.
Por ahí andaban mis reflexiones cuando vino en mi auxilio David Álvarez Martin, aportando el necesario contexto: “Carecemos de democracia, construirla es la tarea más importante en el momento presente…” (http://acento.com.do/2017/opinion/8485985-democracia/). Si estamos de acuerdo en lo que postula el autor de la cita habrá que decir que el número de provincias, el número de municipios, la existencia del senado o la cantidad de ministerios, no es el tema.
Sabiendo de antemano que cada uno de los puntos –provincias, municipios, senado, ministerios- necesita aproximaciones distintas, “le entré” a investigar cuándo fueron creadas las provincias y no me sorprendió la ligereza de quienes le encajan su excesivo número a “la democracia”. Resulta que en el período de 1844 – 1930 se crearon doce provincias, en el período 1930 – 1961 se crearon dieciséis y entre los años 1962 y 2001 las nuevas provincias fueron cuatro. Parece obvio que más allá del régimen político, la división administrativa se explica por cuestiones históricas y cómo el Estado dominicano fue incorporando áreas territoriales. Prefiero esa explicación, seguramente incompleta, a creer que alguien está insinuando que el record de casi una provincia cada dos años durante la dictadura de Trujillo, es un costo de la democracia, pues vale suponer que hay acuerdo en cuanto a que ese régimen no era democrático.
El tema del número de municipios sin duda es otra evidencia de un problema que puede ser real, pero llama la atención la superficialidad con que se trata. La provincia de Santiago de Chile con algo mas de cinco millones de habitantes (10% de pobreza) tiene treinta y dos ayuntamientos (32), la provincia donde está mi pueblo, Ñuble, tiene veintiún ayuntamientos (21) y ahora será región. Si los chilenos tuvieran también que lamentar el costo de la democracia partiendo del número de ayuntamientos estos números pudieran servirles de argumento, pero por fortuna a nadie se le ha ocurrido tamaño desafuero. En cambio, viniendo como vengo de ese sur, a mí me ha parecido siempre que el Distrito Nacional, no puede ser administrado por un ayuntamiento, ni hablar del Gran Santo Domingo o Santiago de los Caballeros. Lejos de “sobrar”, allí faltan aunque seguro habrá otras zonas que estarían mejor gobernadas con menos ayuntamientos (ni hablar de los Distritos Municipales).
Lo del Senado es otra joya para el debate con el recurso irresponsable de que no funciona bien. Quedan pruebas claritas de que la última gracia (la reforma constitucional del 2015), la hicieron junto con los diputados y con la participación de otras instituciones. ¿Habrá que cerrar ambas cámaras? Y el argumento no puede ser que el país no sea federal: tampoco lo son Chile o Francia o Colombia y tienen Senado. He escuchado decir más de una vez que el poder legislativo es caro, pero que es mucho más caro no tenerlo.
Es evidente que el tema de la representación requiere ser abordado, pero en serio y no con una página escrita luego de tener un mal rato. No niego que son muchos los asuntos a corregir, entre ellos el sistema uninominal e indirecto de elección del Senado. La posibilidad de un congreso unicameral es también plausible y no parece nada mal, pero todo en el marco de las reformas políticas de “la tarea más importante en el momento presente”, no hace falta ir a la universidad para saber que la carreta no se pone delante de los bueyes.
Mejor hacer como que uno se olvida del tema de los ministerios, no vaya a ser que alguien crea que se quiere dejar a un familiar sin empleo. Allí el desafío es luego de un estudio anotar cuáles son los que se quiere eliminar y por qué. La agenda neoliberal tiene en primer lugar para ser creado el Ministerio de la Familia.
A todo este discurso de la “caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan,” súmele las exigencias que le hacen a la Marcha verde, de que tenga éxitos inmediatos, insinuando que el no tenerlos significa su fracaso.
Considero una distinción inmerecida que alguien me lea. Si llegó usted hasta aquí reciba mis excusas por este artículo pues como lo he contado antes no aprendí la democracia leyendo a Sartori: me la enseñaron unos policías de madrugada y por más que se esforzaron al final tampoco consiguieron que calculara cuánto hubiese pagado para que no me golpearan como lo hicieron.
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