Por Guillermo Cifuentes
“Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos, los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo”. -Pablo Neruda
“No es posible que comunicadores, políticos, botellas y lambones extiendan generosos certificados de buena conducta. Con todas las limitaciones institucionales, las incompetencias y especialmente el hecho de que no existe un poder judicial independiente, esto es lo mejor que se podía lograr hasta ahora”, decíamos la semana pasada.
Al parecer los primeros en entenderlo han sido “los malos” que de inmediato se han dedicado a tratar de propagar un extraño sentimiento, una sensación generalizada de que el problema es “la debilidad del expediente”, cuando en realidad todavía no hay expediente.
Lo único que hay hasta ahora es un documento que pide medidas de coerción completamente consecuentes con la gravedad de los hechos que serán en el futuro investigados. Sus esfuerzos están destinados a instalar la percepción de que los “trancados” son inocentes, asunto para los que muchos de ellos han ofrecido sus servicios profesionales. Nadie se ofrece a mejorar la documentación acusatoria, aunque son muchos los que tratan de impedir mediante “tinterilladas”, la justicia.
Gaetano Mosca, creó el concepto de “clase política” y escribió hace más de cien años que “en todas las sociedades humanas llegadas a cierto grado de desarrollo y de cultura, la dirección política en el sentido más amplio de la expresión, que comprende por lo tanto la administrativa, la militar, la religiosa, la económica y la moral, es ejercida constantemente por una clase especial, o sea por una minoría organizada”.
Las teorías de Mosca, parecen elaboradas después de haber leído los periódicos dominicanos de estos últimos días cuando hablan de el debido proceso, de la debilidad del expediente (que no es expediente) y otras linduras: “La clase política no justifica exclusivamente su poder con sólo poseerlo de hecho, sino que procura darle una base moral y hasta legal, haciéndolo surgir como consecuencia necesaria de doctrinas y creencias generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad regida por esa clase”. Es impresionante comprobar como se manifiesta el espíritu corporativo de la clase política frente a la manifestación de lo que Mosca denomina como su “renovación molecular”.
Se debe destacar el hecho, antes que alguna analista se aproveche del pánico o de Mosca, que “clase política” no es sinónimo de “todos los políticos”. La “clase política” está referida a quienes gobiernan o lo han hecho en el pasado reciente y el cambio político lo resume en forma magistral el jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio: “Todo régimen tiene su clase política. En la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización”.
A tal punto se han desatado los demonios que basta abrir un solo periódico para encontrar acuerdos increíbles entre personajes que parecían distantes y que ahora se los ve haciendo declaraciones donde el consenso es, por supuesto, mantener la impunidad. A ese equipo se suman los juristas “anti garantistas” hablando del principio de presunción de inocencia o de el debido proceso al que, por cierto, nunca antes los hemos visto referirse después de un intercambio de disparos.
Pero aun cuando la jugada les resulte, la situación no va a mejorar notablemente, pues el juego está trancado por una sencilla y contundente razón: si hay algo que nadie discute es la existencia de los delitos. Entonces, lo que buscan es impedir la identificación de los delincuentes.
La intervención de los ex presidentes dice el tamaño de la crisis y habla del miedo a la justicia, a la que le quieren poner todos los obstáculos. ¿Serán conscientes de que esos obstáculos son difíciles de salvar gracias precisamente a sus propias obras cuando dirigieron el gobierno?.
Aún con esa capacidad de certeza que sólo tienen los comentaristas de televisión, ni siquiera para ellos es fácil asegurar lo que va ocurrir. Eso sí, desde hace días me late la sospecha de que se abre una oportunidad única. Lo primero que hay que decir con toda franqueza es que pedir “jueces suizos” favorece a la mantención de la impunidad. También la favorece hacerles coro a los abogados que hacen punta de lanza de las debilidades institucionales -de las que se han beneficiado por años- para facilitarse su trabajo de defensa de los imputados. Y eso que en el intento de lograr que bajen las defensas aún no se evidencia el avance protagónico de los “juristas”(?) -conocidos como los “chic”- cuya huella constitucional está todavía fresca.
En este nuevo país vamos a ser testigos de situaciones muy dolorosas, hasta desgarradoras. Para quienes se han ganado el respeto por “tantos años de lucha” cuya eficacia pronto juzgará la historia, la consigna debiera ser actuar con responsabilidad y construyendo institucionalidad democrática. No es posible condenar el delito y pretender que el acto delincuencial no impide la amistad. Tampoco es posible decir esas cosas sin tomar en cuenta que hay jóvenes oyendo. Hoy que muchas verdades están siendo puestas a prueba se requiere meditar un poco más. En cada gesto, en cada palabra pueden encontrarse las explicaciones del por qué se ha llegado a la triste y lamentable situación que vivimos.
En la hora de la responsabilidad política hay acontecimientos que sería bueno tener bien presentes. A los amigos de los amigos les vendría bien recordar a Manolo Tavárez Justo, cuando fue abordado por un grupo de sus compañeros con el objetivo de pedirle autorización para asaltar la Fortaleza Ozama, donde estaban presos los imputados por el asesinato de las hermanas Mirabal, para allí hacer justicia por sus propias manos. En ese momento Manolo dejó establecido el principio del debido proceso para los demócratas dominicanos, cuando les replicó que la lucha era por justicia y que serían los tribunales los que decidirían la suerte de los asesinos de las Mariposas. Nunca los visitaron, que se sepa.
Fueron condenados y no cumplieron sus penas. Algunos de los que hoy salivan por la debilidad del expediente mantuvieron silencio cuando años después uno de los asesinos se paseaba por los medios con la arrogancia del criminal amigo del poder y protegido por éste. Mostraron mucha más destreza cuando idearon y ejecutaron el gacetazo. Manolo, el del debido proceso, asesinado en Las Manaclas, todavía espera justicia. Si no la ha habido es también porque los compañeros de partido de los imputados en el defectuoso expediente, a los asesinos, los nombraron ministros.
Los dioses parecen estar cansados, los héroes confundidos. A algunos, tantos años de lucha inútil entre disquisiciones tácticas les provocó una derrota estratégica. Será por eso la impresión que les conduce a creer que cuando visitan a un preso están entrando a La Victoria de 1959, a la que muchos nunca fueron, y no por razones de edad. La ética del proceso político, la del borrón y cuenta nueva, está alojada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con todo y las debilidades, se debe esperar que no sea sancionada con su resurrección.
Sí, es la hora de la responsabilidad política y que lo sepan los de las defensas corporativas, los militantes que se oponen “al reparto” en el Consejo Nacional de la Magistratura pero que quieren mitad y mitad en el Palacio de Justicia.
Y debe ir quedando muy establecido que no estamos ante un problema jurídico, ése recurso que ha sido utilizado antes por inescrupulosos en búsqueda de nuevos clientes. El problema es, no lo duden, político. Por eso poner en primer plano las responsabilidades políticas es imperativo. Se trata de que funcionarios y legisladores respondan por haber favorecido y realizado políticas contrarias al interés general y al del Estado. Nada más y nada menos.
Ejemplifico: los ases de la “solicitud de coerción poco rigurosa” olvidan que la solicitud es completamente proporcional con el tamaño del escándalo. Otros ya han argumentado -como malos discípulos de San Ivo cuyo epitafio los denuncia- que los delitos han prescrito. Políticamente eso es irrelevante: el delito lo cometieron y eso los inhabilita junto con sus organizaciones a concursar del ejercicio democrático por aquello que nos ha dado en donación la Marcha Verde: fin a la impunidad.
El ministro que reconoce haber recolectado dinero al parecer como iniciativa personal para utilizarla en la campaña de su partido y reclama que eso no es ilegal pudiera tener razón, pero su actuación hizo que el proceso eleccionario perdiera su calidad de competitivo. Los resultados de que aprovechara su ubicación en el poder para juntar “cuartos” son conocidos: ¿Cuántos puntos de los presuntos 62 se podrían imputar a esos dineritos?.
Tampoco es el momento de ignorar teorías que al final sólo buscan concluir que todos son corruptos y que la corrupción ha existido siempre y así será en el futuro. Mienten y reflejan ignorancia quienes afirman que la corrupción es endémica (RAE: “propio y exclusivo de determinadas regiones y localidades”). También es equivocada la afirmación de que sea sistémica. Cada nuevo acontecimiento reafirma mi tesis de que lo que ha unificado, amalgamado, los componentes del sistema político ha sido la impunidad, no la corrupción. Cuando se acabe la impunidad no se acabará la corrupción pero sí terminará la falta de consecuencias a los actos que cada uno comete. Tampoco es cierto que la corrupción sea “intrínseca” (RAE: “Íntimo, esencial”). Claro que a lo mejor en la Fundación Global el tema lo han estudiado científicamente y este chileno errante solo ha descubierto que quiere a esta isla más de lo que creía. Camino de una nueva era, insisto en cuidar el avance institucional.
Mientras escribo estas notas, leo la noticia de que el Comité Político, pediría la expulsión de Odebrecht de la República Dominicana. Aun cuando tal medida pueda ser muy popular, la responsabilidad de aplicar la ley no le corresponde al CP del PLD sino a la Dirección de Compras y Contrataciones, bendecida con tantos veedores y hasta con asesor de transparencia, extraña que no se conozca su decisión sobre el tema. A lo mejor la opacidad impide que los veedores puedan ver.
Finalmente, en este torbellino de ideas, de dudas, de verdades a medias y mentiras completas, de amores que brotan y de esperanzas, reconocer la forma en que han sido asumidos los acontecimientos por la Marcha Verde, la responsabilidad y la confianza en un proceso que no va a ser breve, pero que va a ser decisivo, los engrandece. Los han fotografiado, les han leído los whatsApp, han escuchado sus conversaciones telefónicas, han intentado criminalizar sus acciones y no ceden ni ante los embates internos ni externos.
Confío que todo esto sea solamente por una razón: la suerte del país está en la calle.
cifuentes.guillermo@gmail.com
