Por Guillermo Cifuentes
“Pero ahora nadie pregunte por la patria de nadie. Y el día en que estalle la libertad suprema y soberana, procure estar bien cerca y bullicioso porque habrá una gran patria, una grande, inmensa, inmóvil patria para todos y no habrá ni un país para estas lágrimas…”, Pedro Mir
En un folleto de promoción de un Diplomado en Ciencia Política que organicé en FLACSO hace algunos años, definíamos Sistema Político, como la forma de gobierno del Estado, la organización de los poderes públicos y sus interrelaciones, las estructuras socioeconómicas, la cultura política (las tradiciones, las costumbres) y las fuerzas políticas que impulsan el funcionamiento de las instituciones.
Entonces anotaba que “La Ciencia Política Dominicana debe promover una visión menos descriptiva y asumir una perspectiva más crítica de las instituciones y las prácticas públicas. También desarrollar el carácter predictivo que tiene toda ciencia el cual supone trascender la suma de hechos que acumula la experiencia para imaginar el futuro”. En eso sigo, tratando de acordar conceptos para ver si aquí cuando hablamos, hablamos de lo mismo, que no es igual que hablar lo mismo. Por eso, quizás, me resulta inadmisible aceptar, aún con sofisticadas operaciones mentales, que a un Sistema Político se le otorgue la característica de esquelético. Eso no se dice.
También se ha ido instalando la idea de que el Sistema de Partidos corre el riesgo de colapsar (¡Alabado seas, Señor!). Lo alarmante es que quienes lo repiten lo hacen con un tufo innegable de amenaza, de provocar miedo, de aumentar la incertidumbre, de peligro para la gobernabilidad… pero veamos ¿Qué es un Sistema de Partidos?. Según Dieter Nohlen, se entiende a la composición estructural de la totalidad de partidos políticos de un Estado. “Los elementos o interrogantes mencionados, tratados por los investigadores de los sistemas de partidos, son los siguientes: a) el número de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideológica entre ellos, d) sus pautas de interacción, e) su relación con la sociedad o con grupos sociales, y f) su actitud frente al sistema político”. Entonces, para un colapso del sistema de partidos deberían cambiar varios de los elementos que lo contienen: cambio del número de partidos, del tamaño de estos (consecuencia obvia si se dividen), que asuman nuevas posturas ideológicas, nuevas alianzas, etc.
Como se ve, nada tan grave ni que pueda afectar a la temida falta de gobernabilidad, cuestión que está en primer plano “sin colapso”. Gobernabilidad entendida, claro está, como la capacidad del gobierno de procesar las demandas políticas y sociales. Pero ahora que ya a nadie se le ocurre negar la existencia de la crisis, las preguntas que debemos hacernos deben girar en torno al futuro y a la salida de la crisis; en torno a la necesidad de ver todo más como una buena oportunidad que como motivo para mantener la vieja costumbre trujillista de poner el miedo como primera barrera de contención.
Hace tan solo unas semanas, en febrero de este año, en los periódicos apareció una nota con declaraciones de “destacados politólogos” señalando que “… la crisis del sistema de partidos, y la falta de liderazgo, obligarán al Presidente Danilo Medina, a optar por otra reelección presidencial para los comicios del 2020.” Y todavía hace unos días se podía leer que “Si el PLD colapsa, aquí colapsa el sistema de partidos”. No quiero discutir si acaso esto es posible y está cerca su ocurrencia, pero sí quiero destacar que en la situación que atravesamos el anuncio parece apocalíptico aunque en realidad no debiera: ni es terrible ni es negativo para la urgente construcción democrática. Lo digo porque como parte del análisis del tema también debe observarse que lo que está ocurriendo es el resultado de décadas de destrucción de la política.
Durante la época de Trujillo y Balaguer esa destrucción de la política se manifestó en la represión y en la desaparición física de los “opositores” y fue sustituida luego por el discurso cívico de los políticos corruptos y de la política como causante de todos los males nacionales.
Ante la posibilidad de una crisis mayor están ahora en el escenario los que asustan y los que están asustados de su propia obra, otorgándole algo de razón a lo que escribimos hace algo más de un año: “Un país sin alternativos, es un país sin alternativa”. Entonces, para empezar a quitar el miedo a los que temen que la impunidad se acabe, las calles deben ser acuciosamente estudiadas y el proceso al menos debe avanzar a futuros enlaces político sociales.
Para que el temido colapso se presente hace falta por lo menos “un divorcio entre el sistema de partidos (la combinación de los partidos y sus interacciones), por un lado, y los ciudadanos del Estado-nación que son sus miembros constituyentes, simpatizantes y quienes lo apoyan -es decir, sus electores-. por el otro.” (H. Dietz y D. Myers). La percepción de que el cambio (lo prefiero a colapso) se presenta necesariamente como una debacle, no queda bien ni para académicos, ni para políticos, ni para demócratas. Eso no se hace.
Definitivamente es imposible sustraerse en el marco de esta reflexión a lo acontecido, a la vista de todos, luego de las detenciones y de las medidas de coerción dictadas por el juez Francisco Ortega Polanco. Lo primero es anotar que antes de hacer pública su sentencia el juez era la versión dominicana de la santidad y la justicia, pero luego de hacerla pública se ganó varios avisos soberbios, arrogantes, destructores de la institucionalidad y del necesario respeto a la autoridad: “Yo lo respeto, pero…”.
El fin de la impunidad ha sido planteado en el marco realista y terrible de un Poder Judicial que no es independiente, por lo tanto todos quienes quieran de verdad el fin de la impunidad tienen que asumir que su lucha debe dirigirse a la exigencia de que la Procuraduría cumpla con su obligación de investigar y que los jueces que participen del proceso, si no son independientes, por lo menos no sean tan dependientes.
Así deben actuar consecuentemente medios de comunicación, instituciones públicas, políticas, etc.
Y hasta ahora el balance no es positivo en mi opinión: la aparición y el protagonismo mediático de los abogados defensores mucho más que esperar más prensa de la Procuraduría, nos lleva al inexorable recuerdo del caso Baninter, de RENOVE, del PEME y hasta del borrón y cuenta nueva.
Vemos nueva vez a la “clase política”, a la vieja élite, mantener como argumentos sus viejos desprecios por la justicia y el irrespeto de la ley. Como muchos se han beneficiado de no haber sido sancionados por sus delitos, vuelven a la carga. El juez no ha aplicado la ley, dicen, lo que el juez ha hecho es apresar y humillar “a todos los que dicte y desee el populacho”. El autor de la cita hace un tiempo elevó a inteligencia de Estado, el borrón y cuenta nueva, calificándola de estrategia electoral exitosa y justificándola siempre como necesaria para impedir la “sed de venganza”. Cualquier acuerdo con el principal imputado que guarda prisión en Najayo no es coincidencia: es el pánico que produce el hecho de que la impunidad se acaba. Y también se acaba la impunidad política. Aun cuando el tiempo provocó el triunfo de la impunidad biológica para muchos criminales, el avance civilizatorio hace que cada día sean más los que no olvidan.
El remeneón provocado por la prisión preventiva de los imputados ha desenmascarado a quienes desde la “clase política” proponen defensas corporativas y evidencian que sus proyectos políticos no son más que “quítate tú, para ponerme yo”. El abogado y ex candidato presidencial demostró ante toda la ciudadanía, con la certificación de inocencia otorgada, que cree que su opinión puede superar las decisiones judiciales o influirlas y que lo suyo, en realidad, es una obsesión con el ex Presidente Leonel Fernández, lo que no pega con el fin de la impunidad.
La presencia de sus seguidores en las “barras de defensa” comprueban la corrección jurídica, ética y política del jurista José Horacio Rodríguez Grullón:
“El ejercicio genuino de la política es incompatible con el ejercicio privado del derecho. La Política requiere de la defensa de intereses colectivos, mientras los abogados se dedican a la tarea profesional de proteger intereses privados. El conflicto de intereses es muy evidente para quien pretende hacer carrera política al mismo tiempo que decide ejercer la profesión de abogado”.
Es evidente que estamos ante una nueva situación, que nuevos y viejos temas serán motivo de reflexión, de errores y de aciertos. Estamos convocados a separarnos del pasado solo respecto de no seguir haciendo lo mismo.
No pude evitar pensar eso al leer unos párrafos del documento del juez Francisco Ortega Polanco, que de seguro entrarán en las Escuelas de Derecho, en las academias y en las luchas de siempre de nuestros pueblos por la justicia con un trato muy diferente al que se le ha estado dando en los programas matinales.
“…que los encartados fueron precisos y detallados en el depósito y presentación de presupuestos tendentes a demostrar su arraigo social, familiar, patrimonial, etcétera, lo cual ha merecido la atención sosegada del tribunal, pero, es conveniente señalar, que para determinar la procedencia o no de una medida de coerción no basta con la posesión de arraigo y falta de peligro de fuga, sino que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción; más aún, cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social y democrático de derecho; entre otros presupuestos que la jurisprudencia ha tenido en consideración”. Eso no se toca.
