Por María Celsa Rodríguez
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto “ley Justina”, por unanimidad y marcó una bisagra que conduce a un antes y un después en la donación de órganos. Ahora todas las personas son donantes, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria.
Analicemos los números
Por día en Argentina, mueren por accidente de tránsito 21 personas o sea 630 personas por mes y 7,560 por año.
17,300 personas aproximadamente mueren por infartos al año.
Y de acuerdo al índice de mortalidad, en Argentina, murieron 7,5/1000 habitantes durante el 2017.
Según el Incucai hay 7,742 personas que necesitan un trasplante para seguir viviendo. Pero en total son casi 11,000 personas que necesitan un órgano o un tejido para mejorar su calidad de vida. Entonces, si los datos de fallecidos superan a los que necesitan un trasplante, ¿Dónde esta la falla?
Las dudas
Esta ley abre la puerta que ante la demanda, cabe la posibilidad que se acelere el proceso para obtener los órganos que se necesitan.
He leído varios casos de muerte cerebral donde luego resulta que la persona no está muerta. Tal el caso de Carina Melchiorque, le pidieron a sus padres el consentimiento para realizar la donación de sus órganos. Y decidieron apagar el respirador artificial, porque aclaramos -que con muerte cerebral no se esta realmente muerta-, así los médicos iban a iniciar la ablación, pero ella despertó, no estaba muerta. Ahora la familia demanda al hospital y según el abogado se preguntan si los médicos no sería que querían matarla.
Otros casos similares son: el del niño milagro: Trenton McKinley, de 13 años, que estuvo en coma 3 meses y que sus padres ya habrian firmado para autorizar el trasplante cuando él despertó.
El caso Zack Dunlap, de Oklahoma, que tuvo un tremendo accidente, y recuerda oír al médico que lo declaraba muerto. Dijo:
«Lo escuché y me volví loco por dentro», eso quiere decir que sentía todo lo que pasaba. Cuando el equipo médico se preparaba para extraer los órganos, el despierta, no estaba muerto.
O el caso de Gloria Cruz, una mujer australiana, que también fue declarada con “muerte cerebral”. Lo cierto es que: «Un número cada vez mayor de expertos ha comenzado a poner en tela de juicio los criterios de la ‘muerte cerebral’ para determinar la muerte [de una persona]. Sostienen que la muerte cerebral es un conjunto arbitrario de criterios desarrollados en gran medida para garantizar el uso de órganos extraídos de estos pacientes, así como también para disminuir los gastos médicos necesarios para mantener vivos, con soporte vital, a los pacientes con ‘muerte cerebral'».
¿Podemos hablar de que puede darse un apresuramiento en la decisión de declarar muerte cerebral para garantizar la ablación de la persona supuestamente muerta?
De acuerdo a «un informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) se apeló al Índice de Acceso y Calidad a la Atención Médica que publicó la revista internacional de medicina The Lancet, en mayo de 2017. Se trata de un indicador que busca medir la calidad de los sistemas de salud de 195 países, basándose en las tasas de mortalidad de 32 factores de muerte evitables prevenibles.
El trabajo fue realizado en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME), que dio a conocer un nuevo estudio. Uno de ellos son los “Efectos Adversos de los Tratamientos Médicos”, que mide la mortalidad por complicaciones provocadas por medicamentos, dispositivos médicos e incidentes ocurridos durante la atención médica y/o quirúrgica por reacción anormal del paciente o complicación posterior…
Los sistemas de salud de Colombia y Chile, arrojan valores para el índice de 77 y 71, respectivamente.
Los sistemas de salud de Uruguay, Perú y Brasil, se ubican en valores entre 52 y 59.
El sistema de salud de Argentina, apenas alcanza el valor de 41.
Estos datos señalan que la cantidad de muertes por efectos adversos de la medicina en Argentina, es significativamente más alta que en los países vecinos.
En la organización del sistema de salud argentino prevalecen la desarticulación y las superposiciones entre los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas. El rechazo a medir calidad es visceral, de manera que es muy difícil reconocer y premiar a quienes hacen bien su trabajo e identificar y penalizar las malas prácticas.
Ademas, las acciones tradicionales del Ministerio de Salud nacional no ayudan a una mejor gestión.
El Ministerio de Salud nacional, que tendría que establecer un sistema de medición y acreditación de la calidad que publique con rigurosidad, objetividad y transparencia los resultados de las intervenciones médicas, presenta signos de desconocimiento. Fracasando en un tema tan sensible como lo es la Mala Praxis o negligencia médica en la Argentina.
Cabe agregar que el Ministerio de Salud que NO es rector de las decisiones de salud en el país, ya que en la Argentina, siendo un país federal, cada Ministerio regula sus propias resoluciones y manejo de la salud».[1]
Por otro lado la Sociedad Argentina de Trasplantes, cuestiona la Ley Justina, por la anulación del Art. 21 que refería a la consulta familiar del potencial donante. Y porque «en ningún momento esta Sociedad -dice- ha sido consultada respecto de la necesidad de modificación de la ley, ni participada a ofrecer aportes para la construcción de proyecto alguno… resulta preocupante que nuestros representantes tomen decisiones trascendentes para la salud de un país a partir de pareceres, o emociones y con premuras que solo responden a un “timing” que nada tiene que ver con el problema… la motivación más profunda de este proyecto de modificación pretende ir a la figura de un donante presunto “duro”, aboliendo toda instancia de consulta familiar para el respeto de la voluntad del fallecido. Como si fueran las familias los únicos responsables de la escasez de donantes. En tiempos de pugna por derechos que nos respeten más como individuos, estaría en vías de aprobación un proyecto por el cual el sistema dispone de nuestros órganos».[2]
Por su parte el Dr Claudio Zin, fue muy crítico y dijo en su cuenta de Twitter: «creo que el problema del estancamiento de los trasplantes en el país pasa por fallas en la procuración no en la oferta de donaciones».
En otro twits dijo: «No me parece adecuado que el Estado invade mi privacidad disponiendo de mis órganos, si me olvido de decir que NO; me hubiera gustado mas la opción SI con profunda convicción solidaria».
Obviamente, porque ahora «el obligado» va a tener que manifestar su voluntad en contrario, que lo pone en una situación que lo etiqueta como un egoísta y poco humanitario, lo que para muchos resulta agresivo.
Si es una donación, la donación se hace en forma voluntaria, no impuesta, no obligada, no imperativa. ¿Qué sigue?
La verdad que nuestro legisladores están demostrando una carencia absoluta de reflexión y racionalidad, y están pasando por encima de los principios constitucionales. Lo cual es muy peligroso, porque abren puertas que avasallan derechos que deben ser intocables.
Es peligrosa la figura del Servicio de Procuración que se crea, que deberá tener un médico que «detecte potenciales donantes», quien «asesorará a las familias y garantizará el proceso de donación». Es decir, es un médico de terapia intensiva que conoce el proceso de trasplante de órganos y ante una muerte cerebral se decide la ablación. Antes el Incucai, seguía un protocolo, hablaba con la familia, la preparaba y tenían la contención psicológica. Esta ley, así como está, fue cuestionada por España, ya que es contracultural por eso se le pregunta a la familia y se la coloca como protagonista en ese momento tan crucial.
En Holanda, luego de la aprobación de la ley igual a la ley Justina, más de 30,000 personas se registraron para indicar que no querían ser donantes, quebrando el deseo del gobierno que pensaban que con la nueva legislación posibilitaría sumar donantes espontáneamente. Y declaraban en las redes sociales que deseaban que SU CUERPO sea enterrado completo y 2,000 personas dejaron esa decisión a algún familiar tras la muerte. Lo llamativo es que 6,200 holandeses que estaban registrados como donantes la cambiaron a no donante.
Esta ley no es cuestionada por el «que», sino es cuestionada por el «cómo». Por la forma compulsiva en que el Estado se adueña del cuerpo de una persona con muerte cerebral, que aun NO esta muerta. Y no permitiendo la intervención ni participación de la familia del «donante» en ese momento tan íntimo. Con lo cuál está violando la CN. Al tratarse de una acción privada donde el Estado no debiera intervenir, ni excepcionalmente. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado con Gustavo Ceratti, ahora ante la ley Justina?
La otra realidad
El lado oscuro de los trasplantes esconde un negocio que muchas veces favorecen a familias de escasos recursos que usan sus órganos para sobrevivir y para lo cuál hay una cadena que termina en pacientes de países ricos. Y que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un tema prioritario de agenda, ya que muchas veces el crimen organizado interviene en la negociación. Por otro lado hay un «turismo de trasplantes” donde los vendedores de órganos en situación económica desesperante usan sus órganos como una herramienta para salir de la pobreza. Según la OMS estima que de los 120,000 trasplantes que se hacen en el mundo, entre el 5 % y el 10 % son ilegales. El turismo de trasplante se suelen hacer en ambientes de riesgos que hacen que tengan efectos mortales por infecciones posteriores.
Hay países como China, donde los presos son asesinados para extraerles todos sus órganos trasplantables.
En otros países, los indigentes o gente sin familia son los elegidos.
Organs Watch, dice que en el mercado se está pagando por un riñón de India o de África 1,000 dólares, en Filipinas 1,300 y 2,700 en Moldavia o en Rumanía. Pero se puede llegar a pagar 150,000 por un corazón o 130,000 por dos pulmones. Los compradores son de Japón, Canadá, Estados Unidos y Taiwan. En Manila ya pasa a ser una tradición cultural vender un riñón siendo imitado por sus descendientes.
En Latinoamérica entre los países que venden sus órganos clandestinamente están Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.
¿Cuál es el futuro de los trasplantes de órganos?
Se están cultivando órganos humanos en embriones de animales, usando células de embriones descartados de los abortos humanos. De ese modo la ciencia está ya realizando pruebas en este campo. Así en un futuro muy próximo, no serán necesarias las donaciones.
La autora es: Directora de ChacoRealidades; www.chacorealidades.blogspot.com.ar; Analista del Circulo Acton Chile @CirculoActonChile
