Por Leonel Fernández
En su edición del pasado 19 de junio, The New York Times informaba que los temores y vaticinios acerca de una deportación masiva de migrantes haitianos indocumentados en la República Dominicana, se habían disipado, luego de la culminación del plazo para su regularización.
Pero con anterioridad no había sido así. En los días previos a la culminación de ese plazo, diversas organizaciones internacionales, personalidades y medios de comunicación, habían contribuido con presentar a la población dominicana como racista, xenófoba y discriminatoria.
El Washington Post, por ejemplo, se refirió a los orígenes sangrientos de la «limpieza étnica» que se estaría llevando a cabo en la República Dominicana. Esos orígenes se encontrarían, presuntamente, en la matanza ordenada por Trujillo en el 1937, perdiéndose la perspectiva de que la dictadura trujillista no puede ser confundida con el pueblo dominicano, y que éste no sólo asesinaba haitianos, sino también dominicanos.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se trasladó a Washington Heights, el corazón mismo de donde vive la mayoría de los dominicanos en esa gran urbe, para desde allí sostener que las acciones del gobierno dominicano con respecto a la migración haitiana eran ilegales, inmorales y racistas.
En sus propias palabras, pronunciadas estratégicamente frente al Memorial y Centro Educativo Malcom X y Dra. Betty Shabazz, dos símbolos estadounidenses de la lucha contra el racismo, manifestó que «eso está sucediendo porque esas personas son de raza negra».
En España, el periódico El País sostuvo que «si no fuera por su dimensión trágica y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre parodia fascista». De igual forma, otras publicaciones nos tildaban de promover el genocidio civil, la discriminación racial, la desnacionalización masiva y la negrofobia.
No nos faltaban epítetos. Sin embargo, lo cierto es que ese discurso fue construido sobre la base de mitos y confusiones que surgieron a partir de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional; y de la Ley 169-14, sobre Regularización de Extranjeros.
DESNACIONALIZACIÓN
El primer mito brota de la afirmación de que cientos de miles de personas habían sido despojadas de su nacionalidad dominicana. Esto así, como consecuencia de la decisión judicial de revisar los libros del registro civil, desde 1929, para determinar las personas que habiendo nacido en territorio dominicano, habían sido inscritas de manera irregular por las autoridades del registro civil.
Luego de un levantamiento de esos libros, la Junta Central Electoral precisó que los casos de extranjeros que habían registrado a sus hijos, sin que legalmente les correspondiera, ascendía a 24 mil 392.
La preocupación, sin embargo, de que esas personas iban a ser despojadas de la condición de dominicanos fue resuelta a través de la Ley 169-14, que les reconoció su nacionalidad a través de un procedimiento expedito, en una primera etapa, que terminó el 30 de enero de este año.
Así, el drama humano y potencial limbo jurídico que hubiese creado el desconocimiento del status de esas personas fue evitado. Se garantizó su derecho a la personalidad, y al mismo tiempo, logró enmendarse el error en la inscripción de hijos de extranjeros no residentes legales en el registro civil.
Por ende, el argumento del despojo de la nacionalidad a individuos que tenían generaciones viviendo en nuestro país, quedó solucionado ante la posibilidad de recibir la documentación adecuada a través de este proceso.
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO
Un segundo mito apunta hacia el hecho de que el Plan de Regularización de Extranjeros es discriminatorio y racista en su naturaleza.
Nada más incierto. El argumento, sin embargo, se tejió en relación a los dos grupos que existen con respecto a la regularización de personas que nunca han sido inscritas en nuestro registro civil.
El primero es el de aquellas que habiendo nacido en territorio dominicano, pero de padres extranjeros, sin residencia legal, jamás fueron inscritos o recibieron acta de nacimiento.
El segundo grupo está compuesto por extranjeros, los cuales, habiendo nacido en otro territorio, dejaron atrás sus países de origen para establecerse en la República Dominicana, sin cumplir con el procedimiento de fijación de residencia.
Sin existir una obligación para hacerlo, el Estado dominicano, no obstante, creó las posibilidades para que esos dos grupos pudieran obtener la condición de residentes legales en la República Dominicana. Los requisitos exigidos para tales fines eran los mismos para todos los extranjeros, lo que pone de manifiesto el carácter no discriminatorio del Plan de Regularización.
Un total de 288 mil personas se inscribió, un 30 por ciento más de lo esperado, según Cy Winter, jefe de misión de la Organización Internacional de las Migraciones.
Esa, por supuesto, es la prueba más evidente de que hubo una respuesta masiva, y un procedimiento adecuado, para que, por vez primera en la Republica Dominicana, un número importante de personas indocumentadas, pudiesen regularizar su status migratorio.
DEPORTACIONES MASIVAS
Un tercer mito que ha emanado de todo este proceso de regularización, es el que se refiere, como hemos visto, al anuncio de deportaciones masivas, aún antes de que el plan hubiese llegado a su plazo de vencimiento.
Es normal, luego de un proceso como el que ha culminado, que aquellas personas que no aplicaron al plan, o que no pudieron probar sus vínculos con el país, sean repatriados a sus respectivos países de origen.
Sin embargo, tampoco es la tragedia apocalíptica que se ha querido presentar. El Estado dominicano, como cualquier Estado en el mundo, tiene la obligación de mantener estándares de protección de derechos humanos durante esas repatriaciones. Los casos tendrían que conocerse de manera individual, y tendrían que ser examinados y resueltos conforme a sus propios méritos.
Las repatriaciones sumarias en masa son contrarias al orden internacional, y la República Dominicana, conforme lo establece nuestra Carta Magna, asume los valores y principios de las normas internacionales y de respeto a los derechos humanos.
Por tanto, nuestro país jamás incurriría en la práctica de realizar deportaciones masivas, en forma sumaria. Más aún, a pesar de que existe un protocolo de deportaciones entre República Dominicana y Haití, ambos Estados se encuentran en estos momentos en un proceso de negociación para introducirle varios cambios que confieran mayores garantías.
DISEÑADO PARA FALLAR
Foto que ilustra articulo de Ferandez.
Un cuarto mito esgrimido por organizaciones no gubernamentales y en medios internacionales, es que el Plan de Regularización fue diseñado para que fracasara.
Eso, por supuesto, tampoco es cierto. Hubo, desde el principio, un interés genuino por parte de nuestras autoridades en crear los mecanismos adecuados de solución a un problema que ha gravitado durante muchos años en nuestra sociedad.
Se expresaron preocupaciones por los requisitos exigidos, por el tiempo de vigencia y por el costo de algunos de los documentos solicitados para la aplicación del plan.
Una flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos crearía una ola de traslados al país a los fines de acogerse al plan, sin garantía alguna de haber cumplido con la obligación de estancia en el territorio nacional antes del 2011.
En lo que se refiere a la extensión del plazo, este permaneció abierto durante 18 meses. Un año y seis meses es un plazo razonable para obtener documentos que avalen la presencia en la República Dominicana.
En fin, aunque diversas organizaciones y medios internacionales se prepararon, para al término del plazo de vencimiento del Plan de Regularización, organizar una campaña de descrédito contra nuestro país, lo cierto es que sus propósitos, una vez más, no se fundamentaban más que en mitos y en falacias.
No es cierto que como resultado de la aplicación del referido plan, haya habido un despojo masivo de la nacionalidad dominicana; que haya ciudadanos apátridas en nuestro territorio; que haya habido prácticas racistas y discriminatorias; una limpieza étnica o un genocidio civil; o, que hayamos instalado un sistema de apartheid o de estímulo a la negrofobia.
Nada de eso es cierto. Lo único que ha ocurrido es que los plazos para acogerse al plan han expirado. Y aún así, aquellos que no se sometieron a sus condiciones todavía tienen la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento ordinario de obtención de visado y residencia en la República Dominicana.
Lo demás no ha sido más que un intento por degradarnos y desprestigiarnos ante la comunidad internacional, que como pueblo generoso y solidario, no merecemos. (El autor es ex presidente de la Republica Dominicana)
«Observatorio Global», @LeonelFernandez
