Por Guillermo Cifuentes
“La democracia no se reduce a tomas de decisión aisladas, sino que implica la construcción, deliberada en el tiempo, de una historia común”. Pierre Rosanvallon
Cuando leí que la Comisión bicameral de legisladores visitaba a los partidos “mayoritarios” se confirmaron mis dudas acerca del destino y la calidad de los posibles cambios al Sistema Electoral. Lo primero que se aprecia es que estamos ante una gran confusión obstaculizante, persistente: empieza manifestándose en lo “espacial”, seguida de una confusión institucional, una confusión política y una confusión histórica.
Confusión “espacial”:
La confusión espacial tiene que ver con el lugar exclusivo donde se hacen las leyes que no es otro que el Congreso Nacional. Una Comisión de legisladores yendo al local de un partido a explicar la ley que discuten es un comportamiento tan increíble que no tiene símil en ninguna democracia.
Para que no vayan a malinterpretarme aclaro que es absolutamente comprensible que los legisladores de un partido determinado visiten el local de su propio partido. Lo que sí es difícil de entender y demuestra que se ha perdido la brújula, es encontrarse con legisladores de “oposición” visitando al partido de gobierno. Y es que aunque en el Congreso se hayan visto tantas genuflexiones hay una dignidad del espacio institucional que tienen la obligación de proteger (imposible olvidar el espectáculo de los senadores oficialistas cuando visitaron al mismo señor para ofrecerle que “haremos lo que usted diga” porque la dignidad la empeñaron antes de salir).
Confusión institucional:
Confusión institucional puesto que los acuerdos legislativos se deben lograr entre los legisladores. A través de ellos llegan las opiniones partidarias a la discusión legislativa y son ellos quienes las expresan, las debaten y las aprueban en el Congreso.
Confusión política:
Cuando hablo de confusión política, me refiero a que es absolutamente cantinflesco y antidemocrático esperar la opinión de partidos que tienen legisladores que forman parte de la comisión bicameral y que son los únicos con credenciales para aprobar la ley que se trata. ¿O es que los legisladores necesitan que les soplen al oído lo que deben aprobar o rechazar?.
Confusión histórica:
Precisamente porque hay una confusión histórica he escogido esa cita de Rosanvallon, para iniciar este artículo. Empezaron mal las consultas visitando a un presidente de partido que fue “elegido democráticamente” como tal en el 2001. No parece riesgoso aventurar como hipótesis que alguien que ha ido manteniéndose en esa posición por más de 15 años a punta de confirmaciones se va a oponer a las primarias simultáneas, a la equidad de género, a la necesidad de que se hagan públicos los aportes estatales y privados a la política y a toda medida que promueva la democracia interna en los partidos.
Quince años es demasiado tiempo. Con tanto tiempo sin someterse a un escrutinio no se es demócrata, por lo tanto tendrá un notable interés en legalizar la práctica que le ha permitido prolongar de manera tan eficiente su carrera política.
Pero el problema es más grave: los cambios al sistema electoral los están haciendo políticos que de democracia quieren poco, herederos de la peor tradición electoral post Trujillo en la que lo que importa es ganar la elección, no los procedimientos.
No será necesario esperar demasiado. La foto del encuentro confirmará lo que afirmamos y quedará como prueba irrefutable de que en este tiempo hasta los legisladores de la oposición sucumbieron a ejercer sus funciones con dignidad.
Y vuelve y vuelve la necesidad de construir una historia común para que nadie se sorprenda después.
No es posible abordar los cambios al sistema electoral dominicano sin tener en el escritorio por lo menos tres textos: “Raíces de un poder usurpado” de Leonel Fernández, “Trauma Electoral” (1996) de Juan Bolívar Díaz y “La crisis electoral de 1994” de John W. Graham.
Esas obras importan también porque aquella crisis “parió” el actual sistema electoral y mantiene vigente la pregunta de si acaso son las leyes las que provocan los cambios o son los cambios los que provocan las leyes.
Como puede verse, los temores acerca de lo que vaya a salir de esta búsqueda de consensos absolutamente imposibles y terriblemente parciales son muchos y con mucho fundamento. En las actuales condiciones los únicos acuerdos posibles serán los que les convengan a “ambos”, cuando les convengan y eso no es sinónimo de que le convengan a la democracia.
Sirva como ejemplo que en esos litorales nadie está cuestionando la constitucionalidad de la modalidad de elección de los senadores (voto indirecto y sistema uninominal) o de los regidores (voto indirecto, pues son elegidos por los votos de los candidatos a alcaldes donde el alcalde electo prácticamente asegura una mayoría de regidores que no van a cumplir su obligación fiscalizadora).
A juzgar por las opiniones que se leen parece que quisieran salvar la discusión eliminando el voto directo para todos los cargos de elección popular y el regreso triunfal de las listas cerradas a fin de que la Junta no tenga dificultades para contar. Si a eso se le agrega la falta de acuerdo sobre las primarias o el extraño adefesio de primarias obligatorias solo para los partidos que hayan obtenido más del 5% de los votos, la única disyuntiva que nos dejarán será pedir calma y algo de prudencia o una cadena de oración.
En el debate nadie ha tocado todavía el tema de la necesidad de la boleta electoral única, de manera que el votante deposite en la urna una vez marcada su preferencia, la misma boleta que le entregó el integrante del colegio y no una marcada y entregada a cambio de $ 500 en la calle cercana al recinto de votaciones. O una forma de integrar los Colegios electorales que termine con una participación de los partidos que les garantiza poner como presidentes o miembros de la mesa al tigueraje experto en fraudes.
El famoso “acta mata voto” desgraciadamente tan arraigado en la cultura electoral dominicana, está claro que no podrá superarse mediante el uso de los “scanners”.
De esos inútiles aparatos comprados a precios de país del primer mundo sólo puede esperarse que sean motivo de sometimiento a la ley a los responsables de la aventura. No se me ocurre proponer otra solución para que las próximas elecciones se parezcan a una elección democrática que el uso del voto electrónico.
Por más que se busque y aunque llame la atención, no es posible otra forma de lograr elecciones libres, limpias y competitivas que a través de la incorporación del voto electrónico al Sistema Electoral.
Y como de lo que se trata es de que los procesos electorales futuros respeten la voluntad popular, corresponde a la Junta Central Electoral, resolver los problemas técnicos que supone tal reto.
De lo que se puede estar seguros es de que hasta ahora la JCE ha tenido los recursos y los han gastado justamente en impedir el respeto a la voluntad soberana del pueblo.
