Por Guillermo Cifuentes
“Las sociedades para funcionar requieren políticas públicas bien diseñadas, no cabe duda, pero también requieren de buena Política, de esa dimensión simbólica de la vida compartida que en algunos momentos sólo la Política es capaz de proveer”. Carlos Peña (Rector UDP)
La historia electoral dominicana según los estudios conocidos es una larga sucesión de irregularidades que han conducido siempre a desconocer o a no conocer la voluntad popular. Pero resulta que hasta donde es posible acercarse a los hechos no ha sido por ausencia de normas legales, sino por falta de conciencia y de conductas democráticas. Dicho en otras palabras más a tono con la actualidad dominicana, se trata de la impunidad, ese ‘bálsamo’ que todo seduce en la política fraudulenta. Todavía no se ven los indicios de que las cosas vayan a ser distintas.
Aunque resulte sorprendente, la proliferación de opiniones acerca de la ley de partidos y la ley electoral oculta un análisis a profundidad del tema de un nuevo sistema electoral. Abordarlo, rescatarlo, ponerlo a la orden del día es urgente, sobre todo porque las noticias no van a ser buenas. Sabemos que es alta la probabilidad de que las dos leyes que se aprueben solo apunten a la forma, desconociendo otros aspectos, que le dan o no, fundamento democrático al sistema.
Dieter Nohlen, explica que un sistema electoral es el “conjunto de mecanismos a través de los cuales se convierten en escaños los votos emitidos por el electorado conforme a sus preferencias políticas”. Giovanni Sartori, de su parte, lo define como el “factor para la estructuración del sistema político”. No sobra recordar, por razones obvias, que gracias al sistema electoral la representación se hace real y funciona como la herramienta mediante la cual se funda la sociedad política.
Estas breves definiciones nos pueden ser de utilidad para ir sustentando aspectos que parece inconveniente seguir dejando de lado. Hace unas semanas se popularizó lo de disminuir el número de partidos aunque no haya ninguna evidencia de que un número menor de partidos mejore la democracia. Esa propuesta, ligada a la insinuación de que la forma de conseguir ese objetivo sea haciendo más difíciles los trámites para su reconocimiento, parece francamente peligrosa. Llegar a ese tipo de ideas es fácil si de lo que se trata es de “domesticar” a los partidos pero suponer, como piensan los cívicos, que toda la cuestión electoral se resuelve con dos leyes no sólo no es cierto sino que conduce a otro nuevo resbalón.
Persisten en la memoria hechos impunes como el uso de los scaners en abierta violación de la ley electoral vigente que describe de manera pormenorizada la forma en que se debe realizar el escrutinio. Es posible que no estén claramente especificadas las sanciones, pero la puesta en escena para esa “impunidad electoral” contó con el apoyo hasta de los empresarios que visitaron la Junta una semana antes de la elección y santificaron esa violación cuando era evidente que ocurriría lo que ocurrió.
Nadie puede decir que la compra de cédulas o la venta del voto mediante la entrega de votos previamente marcados se haga porque no hay ley electoral. Ambas ‘políticas’ son comunes de los viejos partidos defendiendo ‘lo suyo’ pero vale señalar que con tales inconductas esos partidos se muestran como lo que son: no democráticos.
Hace unos días apareció en los periódicos un recuadro con unas caritas que se anunciaban como el recambio generacional de un viejo partido. Me llamó la atención ver juntas algunas de esas figuras porque tengo a mano la investigación que hice del proceso electoral del 2010. En las votaciones de ese año ocurrieron no pocas irregularidades y no precisamente por ausencia de leyes. Entre esas violaciones inexplicables recuerdo que para el caso de los diputados no se contaron los votos emitidos en los colegios que funcionaron en el Instituto Azucarero. Lo que quiero recapitular en el marco del fin de la impunidad es que entre las caritas que ahora se ofrecen como recambio figura una que hizo acuerdo para el fraude con una candidata del partido contrario para liquidar a la compañera dueña de otra carita renovadora. Obviamente esto no se hizo por falta de ley o incluso por desconocerla puesto que los dos, la víctima y el victimario son abogados. Resulta casi una redundancia decir que el partido legitimó estas conductas con su silencio y dejó que se impusiera el camino de la impunidad que hasta contó con la justificación de los jueces electorales con ese proverbio genial de “acta mata voto”. Las nuevas leyes no van a resolver nada si persiste la protección de la inconducta que hace temer que cuando se voten con toda seguridad los protagonistas del cuento van a votar igual.
El contexto en que se discute la emergencia de un nuevo sistema electoral es definitivamente inconveniente: aquí ocurren cosas como que un integrante de una comisión presidencial que investiga una licitación es impedido de asistir a las deliberaciones pues ha sido hecho preso a pedido del Ministerio Público.
En tal ambiente no debe llamar la atención que los cívicos anden proponiendo casi una ley anti partidos, donde los marcos de las conductas esperadas de las organizaciones políticas estén determinadas solo por la ley y no por las elecciones que son en realidad las que deben definir la vida y la existencia de los partidos. Es preferible que la ley electoral regule los pactos electorales (no que los prohíba) de manera que los votos necesarios para que un partido mantenga su existencia legal se cuente, por ejemplo, en diputados. Anoto este ejemplo por lo que decíamos antes acerca del número de partidos.
Igualmente conviene hacer algún examen sobre un aspecto que parece ser el centro de la preocupación de los empresarios y de los cívicos: el dinero. Los empresarios tienen todo el derecho del mundo a no querer seguir gastando tanto.
Ahora bien, lo que corresponde es fortalecer la institucionalidad y la democracia, cimentar más conciencia democrática y proponer fórmulas realistas y equitativas para el financiamiento de la política en lugar de seguir dando señales de que lo que quieren es acabar con la política dejándola sin fuentes de financiamiento ética y legalmente aceptables. (El 80 – 20 que reparte los recursos públicos a los partidos es impresentable en un sistema democrático y mejor olvidar aquello de la aproximación del decimal).
Sin dudas lo que hay que discutir es mucho más complejo que las dos leyes que acaparan la preocupación de todos los sectores. Lo señalo porque también resulta evidente que quienes van a aprobar las nuevas leyes son los mismos que se han favorecido de la situación actual y nadie puede esperar que caminen hacia conductas democráticas en unas semanas. Para estar preparados, sirve recordar la suerte y el contenido, del último consenso con el curita sobre la ley de partidos en 2014-2015.
Queda entonces mucho camino todavía. La prueba de fuego es lograr que el sistema electoral se convierta efectivamente en ese “factor para la estructuración del sistema político” democrático, agrego yo. Con todo, no estoy seguro que eso sea lo que motiva a una sociedad que en este momento, a tres años de las elecciones, está remecida por asuntos que merecen y podrían ser resueltos rápidamente si es que las conductas que se requieren para las reformas políticas aparecieran.
En las próximas semanas trataremos de escribir acerca de estas preocupaciones. Vale la pena hacer el esfuerzo por demostrar, y convencer, que si de leyes se trata faltan muchas más y como el tiempo es escaso para el aprendizaje (cambio de conductas) a lo mejor no queda otra solución que la tecnología.
