Por María Celsa Rodríguez
Venezuela hoy vive en la anarquía y la desesperanza. La violencia ha tomado las calles y a nadie parece importarle nada. No hay medicamentos y los hospitales son un infierno. La escasez, la desesperación, la pobreza, las largas colas para conseguir un alimento, es parte de la vida cotidiana del venezolano.
Aquel “Hombre Nuevo” del que hablaba Hugo Chávez en sus largas cadenas nacionales se ha erosionado para convertirse en un patético despojo de ciudadano. Donde la holgazanería y el clientelismo han esclavizado su voluntad hasta convertirlo en un paria que sobrevive cada día deambulando en su desgracia.
El legado de ese país fue destruido por Nicolás Maduro. La democracia, la libertad y la paz son solo fantasmas que se esconden y buscan encontrar consuelo en los brazos de una justicia que se ha vendido, y yace ciega, sorda y postrada bajo un eclipse de irracionalidad, corrupción e ignorancia.
Al igual que el modelo que implementó Fidel Castro en Cuba, que transformó el socialismo soviético en una dictadura militar de tipo familiar dándole así una participación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en los negocios y temas financieros, para asegurarse la lealtad al régimen, mientras absorbía el poder sobre el Partido Comunista Cubano y las organizaciones populares; Maduro también ha dado exclusiva participación y privilegios especiales a las Fuerzas Militares.
Tal es así que las Fuerzas Armadas tienen un Banco propio, un canal de televisión, -TV Fuerza Armada Nacional Bolivariana-, más de 10 empresas con elevada inversión y potencial en el mercado y que comprenden variados rubros como comunicaciones, seguridad y transporte; alimentos, construcciones y finanzas.
Todas ellas son gerenciadas y dirigidas por militares y por sus familias, y manejadas con presupuestos concedido por el Ministerio de Defensa. Asimismo se han diseñado programas sociales para los miembros de las Fuerzas que le faciliten acceder a viviendas y vehículos, como así también ferias de alimentos subsidiados, y ferias de coches e indumentarias traídos desde China, que se realizan regularmente en los cuarteles.
De ese modo, Nicolás Maduro se compró la lealtad de los militares, mientras se respira una intervención militar en el orden público, donde los ciudadanos son amenazados, maltratados y ejecutados en las calles.
Y se espera la llegada de vehículos blindados y equipamiento anti motines de China para repeler disturbios callejeros. Ya que las protestas se cuentan de a miles y los saqueos a comercios y a transportes de alimentos y bebidas es parte del paisaje de cualquier ciudad. Las armas ya no solo están en manos de los militares y policías, ahora también la población civil está armada, lo que enciende aún más la mecha que hará estallar todo. (https://youtu.be/KQlQlLU2Tew).
Por su parte el Supremo dio carácter constitucional al «decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica» que fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Y que Maduro amenazó prolongarlo hasta el 2017.
Este como se sabe, concede amplios poderes de carácter especial a las fuerzas militares y de seguridad, y a grupos civiles armados seleccionados, para defenderse de supuestos ataques externos, pero también de conflictos sociales y económicos como la expropiación de empresas de alimentos para solventar la escasez.
La alianza opositora que impulsa el revocatorio, pone la mirada sobre la nacionalidad colombiana de Maduro y estima que la raíz del problema no es probar su nacionalidad para expulsarlo del cargo, sino al revés, que hay que sacarlo de su cargo para poder probar la situación anómala en que están inmersos.
Para frenar esto, la justicia politizada puso una mordaza a la sociedad, al dictar el Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia con carácter vinculante, que dice: “que ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma”. De esta manera buscaron callar las voces que decían que un extranjero y con documentación e historial personal poco convincente, esta ocupando la presidencia de Venezuela.
Lo que sorprende es que el Supremo haya pasado por encima de la Constitución Nacional, que en su articulo 41 deja claro:
“Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva,…”.
La gravedad es mayor de lo que parece, ya que un extranjero se encuentra en el Palacio de Miraflores, a pesar que legalmente está impedido de ser presidente, ha rapiñado la República, y está llevando a Venezuela a una guerra civil.
