Pedro P. Yermenos Forastieri
La Procuraduría General de la República, obtuvo la autorización de un juez de la instrucción para aplicar un criterio de oportunidad en el caso que involucra la empresa Odebrecht, a partir del cual se exoneraría de responsabilidad penal a la misma, así como a sus funcionarios y empresas relacionadas, léase, aquellas con las cuales la entidad brasileña se haya asociado para ejecutar obras en el país.
El fundamento jurídico para solicitar la aplicación del referido criterio de oportunidad fue el artículo 370.6 del código procesal penal que establece la posibilidad de que el ministerio público formule dicha petición sobre la base de que el imputado colabore con la investigación, brinde información esencial que conlleve que la acción penal que va a dejar de ejercerse sea de forma notoria más leve que los hechos que esas informaciones permiten perseguir o evitar.
El desarrollo lógico de un proceso de negociación que pueda desembocar en aplicar el criterio de oportunidad y en la exoneración de la acción penal contra uno o varios imputados, supone que estos ofrezcan al ministerio público informaciones que posean, que el funcionario las investigue, las confirme, determine su calidad y veracidad y si el resultado es útil para los propósitos perseguidos, solicitar la autorización para aplicar el criterio de oportunidad.
En el caso comentado, todo se hizo al revés. La procuraduría gastó muchísimo dinero, tiempo y energías que pudieron emplearse en otras facetas del caso, suscribió el acuerdo con la empresa, solicitó y obtuvo autorización, sin que hasta el momento quien se beneficiaría de eso haya ofrecido una sola información.
¿Quién puede defender el sentido lógico de tal procedimiento? Esa manera burda de proceder evidencia artimañas nada difícil de percibir. El acuerdo forma parte de un esquema para darle forma jurídica a una negociación en beneficio de la empresa sobornante, como mecanismo de que esta y sus piezas fundamentales contribuyan a que las autoridades dominicanas encuentren al grave problema la salida más conveniente a sus intereses.
Es un acuerdo de conveniencia recíproca que atenta contra el patrimonio y la dignidad del pueblo dominicano.
En ese contexto, descártese que la Procuraduría no valore como trascendente cualquier tontería que proporcione Odebrecht, que sería la justificación para que esto quede en insignificantes patitos lanzados al agua.
Después de todo, ¿cuál era la prisa si las autoridades revelaron que en mayo tendrían desde Brasil la información necesaria?.
El plan es tan elemental como obsceno.
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