Por Horacio Giusto Vaudagna
En la cultura argentina desde hace décadas se ha congelado la premisa que los desaparecidos durante el último gobierno de facto han sido 30.000, cifra que para las organizaciones que luchan por el respeto de los Derechos Humanos es intocable. Desde ya es oportuno aclarar que así sea una persona o cien mil, toda víctima de un hecho criminal merece ser respetada por la justicia de su nación. Sin embargo, es por esa cifra que se abre nuevamente un debate en la agenda política nacional.
El Veterano de Guerra de Malvinas, Mayor Gómez Centurión, en una entrevista a televisa, dijo la controvertida frase “no es lo mismo ocho mil verdades que veintidós mil mentiras”, generando un disparador mediático en relación a la memoria de un hecho obscuro en la historia argentina. Frente a este panorama resulta prudente y oportuno plantearse nuevas ideas que no estaban siendo analizadas para poder evolucionar como sociedad.
La legitimación del día nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, debe importar como un verdadero motor la búsqueda de aquello que objetivamente sí ocurrió para que Argentina, sea una República donde impere lo justo por sobre la venganza, y así poner punto final a una guerra que primero dividió la sociedad mediante ataques armados y ahora la divide por conflictos ideológicos.
El Estado se encuentra en una difícil tarea de conciliar intereses en pugna.
Por un lado, en función de las tesis contractualistas, debe garantizar la paz social promoviendo el respeto entre los ciudadanos, ya que al tener el monopolio de la fuerza es el único facultado para el castigo a las ofensas, sean las mismas de carácter material o moral.
Por otro lado, en base al Artículo 19 de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» está obligado a asegurar la libre expresión de un individuo, que no solo incluye verter sin censura sus opiniones, sino a investigar y difundir aquello que desee sin ser turbado por el gobierno de turno.
Gracias a que los sectores de la sociedad pueden esgrimir libremente sus argumentos, Abuelas de Plaza de Mayo, pudo conseguir los logros que ha obtenido en los últimos años. Esa libertad de buscar la “verdad” y exponerla es un derecho humano que parece estar reservada sólo a una porción social; un claro ejemplo es que el mismo Gómez Centurión, es perseguido judicial y políticamente por haber afirmado públicamente una cifra que se encuentra ratificada por los propios organismos de Derechos Humanos. Si uno accede a sus dichos puede observar que no fomenta un acto de odio hacia una raza, sexo o religión, pero los sectores disidentes al oficialismo utilizaron este hecho para enviar un mensaje a la sociedad, consistente en proscribir todo intento de buscar la verdad.
En ese afán de cercenar la libertad de pensamiento, no sorprende que la legisladora Nilda Garré, impulsó un proyecto de ley para sancionar con prisión y multa a quienes osen investigar sobre la otra parte de la historia, so pretexto de querer reivindicar cuestiones que en ningún se pusieron en agenda.
Sería por demás conveniente para el fortalecimiento de la democracia permitir que todos los espacios puedan exponer sin censura ni persecución sus ideas, de esa forma se avanza hacia un Estado de Derecho que de forma concreta asegura las libertades sagradas de cada individuo. De lo contrario se corren serios riesgos de volver a incurrir en prácticas fascistas, que tanto daño le hicieron a nuestra historia.
El autor es Co-Fundador del Centro de Estudios LIBRE y miembro investigador del mismo
