Por Nelson Marte
Por de pronto, no es aventurada la hipótesis de que un primer daño colateral del tema Odebrecht, sea cual sea el derrotero que siga, es que cierra espacio a la aspiración de sectores del PLD de aventurarse a una nueva reforma constitucional para que el presidente Medina aspire a reelegirse, otra vez.
Hay razones de fondo para asumir que el oficialismo no ha internalizado la magnitud y daños colaterales que podría acarrearles a ellos, y al país, una errónea administración que le den al sacudimiento desatado por el expediente de corrupción Odebrecht, comprobado por la justicia de EE. UU. y Brasil, y admitido por la empresa.
Desde que el escándalo sonó aquí, representantes del gobierno empezaron a manejarlo mal. El Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal y el titular de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, declararon que la justicia norteamericana no mencionó nombres y que había cerrado el caso, que por demás resultaba abstracto. Como quien dice, que eso moría ahí.
Hoy por hoy, tanto las acciones de la Procuraduría General de la República, como las de la Comisión de Notables, designada por el presidente Medina, para determinar responsabilidades y culpas no le merecen credibilidad ni a los sectores pensantes de la sociedad ni al pueblo de a pie, confirman los medios.
Piensa y externa la gente el criterio de que la Procuraduría y la Comisión ensayarán producciones mediáticas, harán alguna declaración rimbombante, y al final las aguas volverán a correr como siempre, y nada nuevo habrá bajo el sol.
Pero diferencia de lo que pudiera pensarse, este nuevo escándalo de corrupción no puede compararse con los allantes, bultos y movimientos con que tradicionalmente las autoridades han manejado otros casos.
Primero, por el monto de los recursos involucrados: Bernardo Vega, ex-gobernador del Banco Central e historiador, escribió que “el robo no es por US$92 millones, sino por US$257 millones. La primera cifra es el dinero que tocó a los funcionarios públicos e intermediarios, pero US$165 millones es el monto sobrevaluado que le tocó a Odebrecht gracias a esos sobornos. En ambos casos cobró demás y las dos partidas las pagó el Estado dominicano”.
Segundo, porque Odebrecht llega como tapa al pomo de los escándalos escenificados en el Plan Renove, el Peme, el préstamo de la Sun Land, en la OISOE, los aviones Super Tucano y otros que han ranqueado al país en los primeros lugares de corrupción, impunidad y falta de transparencia.
Tercero, porque gracias al poder de las redes sociales de Internet y el periodismo ciudadano la gente está más informada que nunca sobre los escándalos de corrupción y sus costos. Ese poder augura el éxito de la convocatoria sintetizada en las etiquetas #YoVoyPaLaMarcha y #MarchaFinDeLaImpunidad
Cuarto, porque finalmente la gente parece haber advertido que la concentración de tanto poder (control del Congreso, el Ejecutivo y la Justicia) en un solo partido, no es saludable para la democracia.
Esos y otros factores apuntan a que esta vez la corrupción e impunidad, que sirven de estimulantes a la delincuencia común y el crimen organizado, e impulsan el clima de descomposición que corroe a la sociedad, no se quede sólo formando parte del enrarecido paisaje nacional.
Apuntan esos factores a evidenciar que ahora la fractura de nuestro modelo insostenible por excluyente, por inequitativo y por su frágil debilidad institucional, es diferente.
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