Por Sin Reservas
El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), puso en circulación el tercer opúsculo de su serie “Cuadernos por la Democracia”, con el titulo «Competencias Jurisdiccionales y Administrativas en materia Electoral: Innecesario Conflicto de Atribuciones, de la autoría de su Director de Publicaciones, Sergio Ortíz Valenzuela.
La institución, que agrupa a la mayoría de los partidos político del país, afirma que el Tribunal Superior Electoral (TSE) desde hace varios años intenta ampliar sus competencias, excediendo el mandato que le confieren la Constitución y la Ley, lo que ha ocasionado por lo menos tres conflictos con la Junta Central Electoral (JCE).
Fopppredom, señala que se han suscitado conflictos jurídicos de competencia entre otras instituciones y la JCE, indicando que esta última sufre un embate inaceptable de regulación y control por parte del TSE y otras instituciones del Estado.
“El papel del Tribunal Constitucional ha sido admirable en defensa de la JCE”, dijo Ortíz a nombre de Fopppredom, indicando que en reiteradas ocasiones, como en los expedientes TC03-2014-0001 (sentencia TC/0305/14) como en el núm. TC-03-2015-0002 (sentencia no publicada), se defendieron las competencias fundamentales, accesorias e instrumentales de la JCE.
En la actualidad se pretende negar a la JCE la capacidad de conocer recursos de revisión contra sus decisiones, algo que según afirma Ortíz «contraviene el poder reglamentario autónomo de esa institución, sus competencias accesorias e instrumentales y varias disposiciones legales».
Sostuvo que «históricamente las atribuciones administrativas fueron siempre materia reservada de la JCE, y las contenciosas electorales de la jurisdicción ordinaria, algo que la Ley núm. 29-11 ha respetado, que el Tribunal Constitucional ha establecido y que el TSE no puede ni debe subvertir, asumiendo competencias que no tiene».
La JCE es un “tribunal de elecciones” que da forma definitiva a la voluntad popular, o sea, que establece el cómputo y declara los ganadores de las elecciones. Por eso, para la legitimidad del poder público, la JCE tiene que ser por necesidad una entidad totalmente libre y autónoma –dijo Ortíz–. “Sus decisiones no deben ser objeto de relajo jurídico”, afirmó, «como ocurre cuando se interponen acciones y demandas traídas por los pelos del interés particular, que el TSE admite sin tener competencia para ello».
Fopppredom reafirma su defensa de la institucionalidad del sistema electoral y de partidos. «Es hora de que el Congreso Nacional, que actualmente analiza el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Electoral, deslinde apropiada y definitivamente las competencias administrativas de ese órgano constitucional que es la JCE».
Ante esa realidad, Congreso Nacional, cuyo interés se limita a lograr unidad en la diversidad y a preservar el sistema electoral y de partidos en la República Dominicana, llama fervientemente al Tribunal Constitucional a continuar defendiendo la institucionalidad y al Congreso Nacional a elaborar las leyes electoral y de partidos que la sociedad dominicana necesita. Creemos que puede y que debe hacerse ahora.
