Por Sin Reservas
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de 15 de las 18 personas apresadas por la Policía por órdenes del Tribunal Superior Electoral (TSE), por escenificar un incidente mientras daban lectura a una sentencia relativa a una instancia del dirigente Guido Gómez Mazara en contra del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El juez Alejandro Vargas adoptó la decisión tras considerar que el arresto fue legal, luego de que el grupo presentara un recurso de hábeas corpus alegando irregularidad de la prisión.
Del grupo solo lograron libertad, Susana Mazara, Manuel Antonio Fructuoso Hernández y Nicolás Solano, mientras que fueron mantenidos encarcelados Juan Pablo Uribe, Abel Elías Matos, Ramón Berroa, Fernando Acosta, Ramón Sánchez, Luciano Mendoza, Elías Hasbún, José Castillo, Edwin Féliz, Samuel Blanch, Ramón Valdez, Juan Alberto Michel, Francisco Ferreras, José Luis Lara y Félix Luna.
La Fiscalía del Distrito Nacional defendió la legalidad del arresto ocurrido el pasado jueves en la sala de audiencias del Tribunal Superior Electoral, donde los seguidores de Gómez Mazara pronunciaron «improperios» contra los jueces, debido a que el político no fue favorecido en un recurso que buscaba la anulación de la convención del PRD, en la cual fue elegido como candidato presidencial el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado.
Después de la resolución del magistrado Vargas, corresponde ahora a los jueces del TSE formalizar la acusación o de lo contrario, vencido el plazo de 48 horas el Ministerio Público está obligado a liberar a los sospechosos.
Gómez Mazara estuvo en la audiencia y dijo que mantener al grupo en prisión es una barbaridad, una gran injusticia, una acción temeraria, sin ningún tipo de justificación.
Calificó de «irresponsables» a los jueces del TSE, ya que ni siquiera habían formalizado una acusación «porque saben que ahí no hubo ningún delito de audiencia ni ninguna otra infracción de tipo penal».
Antes del inicio de la audiencia, los abogados de los detenidos, entre ellos; Cándido Simón, Francisco Matos, Juan Alberto Liranzo, Homero Smith, y Marco David Marte, argumentaron que el mantenimiento en prisión de los dirigentes perredeístas es una irregularidad que viola el artículo 40 de la Constitución, así como el artículo 181 del Código Procesal Penal, que establecen que «ninguna persona puede ser privada de su libertad sin una orden motivada y escrita emitida por un juez competente».
